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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Como parte de la política de desarrollo, protección e inclusión, diferentes organizaciones mostraron interés desde enero hasta abril de este año, en hacer contraloría e incidencia a los programas de bienestar social desarrollados por el Ejecutivo durante 2019-2021 en la emergencia por la pandemia del COVID-19.
Lorena Berríos -representante de la Asamblea Ciudadana de San Salvador- señaló que de acuerdo al informe se encontró poca o nula apertura por parte de funcionarios responsables de los paquetes alimenticios, bono de compensación económica, sistemas de Salud y modalidad de educación en línea; tampoco la Asamblea Legislativa facilitó información oficial.
“Al momento se carece de un documento oficial público en política social, o sobre acciones programáticas de bienestar social que permitan conocer a profundidad los lineamientos a seguir para el desarrollo económico y social del país. Señalamos una reducción presupuestaria significativa en algunos programas de bienestar social, entre el período del 2019 al 20214”, afirmó Berríos.
Asimismo, dijo que como iniciativa desarrollaron un trabajo territorial donde identificaron algunas deficiencias en los derechos fundamentales de la población durante la emergencia por la pandemia COVID-19 en la ejecución de acciones de bienestar social por parte del gobierno en turno, por lo cual, recomendaron facilitar el acceso a la información pública que permita conocer e identificar las acciones de bienestar social, en el período de la política social 2019-2021, incluyendo la ejecución presupuestaria.
Exhortó a que la entrega de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) se focalice de forma permanente en las familias con mayor necesidad económica, con el fin de optimizar los recursos procedentes de los impuestos; asimismo, los productores locales deben ser beneficiados en la compra de insumos para el paquete de alimentos, con el fin de fortalecer la economía local.
“Los mecanismos de cobertura para la entrega de alimentos deben ser por medio de entidades de carácter territorial, como el apoyo de promotores de las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF), consejos directivos escolares, directores y personal de las instituciones de educación pública. También es necesario considerar la salud y nutrición de la población, mejorando la calidad de los productos entregados”, enfatizó la representante de la Asamblea Ciudadana de San Salvador.
Otra de las recomendaciones es que el actual Gobierno considere el apoyo a la salud y nutrición de la población por medio de un bono alimenticio nutricional, focalizado y permanente a la población más vulnerable, para fortalecer la economía local es necesario que dicho bono facilite las compras en los mercados locales.
Con respecto a los servicios del sistema de salud en el municipio de Soyapango, es necesario mejorar el acceso a la información, sobre los procedimientos preventivos y de abordaje en los establecimientos de atención durante la pandemia del COVID-19, con el fin de generar confianza en la población, pues una buena parte considera que dichos espacios son fuentes de contagio.
Además, pidieron tener diagnósticos clínicos con pruebas de COVID-19 que permitan a la población establecer mayor confianza en el sistema de salud, recibiendo un tratamiento adecuado a sus padecimientos y no solamente siendo medicada.
Con respecto a Ciudad Mujer Santa Ana y San Martín, es importante mejorar el acceso a la información a las usuarias, esto vuelve necesario mejorar la promoción con la ciudadanía durante el período de emergencia por COVID 19; así como fortalecer el presupuesto a dicho programa y la capacidad técnica territorial de atención en casos de violencia y sus diferentes expresiones y atención a la salud sexual reproductiva.
