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Saúl Méndez
Colaborador
El el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, leyó el 3 de julio la sentencia completa sobre la condena de los responsables en el caso del asesinato de cuatro periodistas holandeses de la Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON), ocurrido el 17 de marzo de 1982 por miembros del batallón Atonal.
El fallo judicial declaró culpables al exministro de Defensa, general José Guillermo García; al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y al excomandante de la 4.ª Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, y los condenó a 60 años de prisión.
Los tres altos mandos militares fueron condenados a 15 años de prisión por cada una de las víctimas, lo que suma un total de 60 años de cárcel. No obstante, la sentencia aclara que, conforme al Código Penal vigente en 1973-1974, bajo el cual se realizó el juicio, la pena máxima efectiva por asesinato era de 30 años. Por lo tanto, cada uno cumplirá un máximo de 30 años de prisión efectiva.
Además de la condena penal, los tres oficiales perderán sus derechos ciudadanos y cumplirán su pena en el Hospital Bautista, donde García y Morán están detenidos desde octubre de 2022, siempre que cuenten con los recursos económicos para costear su estadía. En caso contrario, la Dirección General de Centros Penales deberá trasladarlos a un centro penitenciario o designarles un hospital público nacional.
La sentencia también abre la posibilidad de que los familiares de las víctimas inicien procesos civiles contra los condenados, si así lo deciden, ante los tribunales competentes.
Adicionalmente, la jueza ordenó al Estado salvadoreño ofrecer una disculpa pública a los familiares de los periodistas, en reconocimiento al grave retraso en el acceso a la justicia y a la responsabilidad institucional de la Fuerza Armada en los hechos, dado que los condenados formaban parte activa de la misma al momento del crimen.
El comandante general de la Fuerza Armada tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir la disculpa pública, una vez que la sentencia quede firme y no haya más recursos de apelación disponibles.
El fallo, que declara responsables del asesinato a sangre fría de Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, representa un hito histórico en la búsqueda de justicia en El Salvador, indicó la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).
«Por primera vez, un tribunal emite una sentencia condenatoria contra altos mandos militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado», declaró ASDEHU.
«Este caso marca un precedente y abre un camino hacia la verdad y la reparación para las víctimas, en un país donde por décadas ha imperado la impunidad», aseguró la organización.
La emboscada
Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemse y Hans ter Laag formaban parte del equipo de IKON, la emisora pública de televisión de los Países Bajos. Fueron asesinados el 17 de marzo de 1982 mientras se encontraban en El Salvador para cubrir el contexto previo a las elecciones de la Asamblea Constituyente. Los periodistas se dirigían a Chalatenango para documentar el conflicto armado, acompañados por cinco miembros de la guerrilla, cuando fueron emboscados y ejecutados por el batallón Atonal que se encontraba en adiestramiento por parte de asesores extranjeros en la Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en El Paraíso, Chalatenango Centro. Solo una persona del grupo logró sobrevivir.
Cinco días antes del ataque, los periodistas del equipo de IKON fueron interrogados por la Policía de Hacienda, lo que evidencia que las autoridades ya seguían sus movimientos. Además, tres días antes de la emboscada, los periodistas realizaron entrevistas a presos políticos. Este contexto, junto con otras pruebas presentadas, confirma que el asesinato fue planificado y tuvo como fin silenciar su labor periodística, señaló la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU).
Durante años, el caso permaneció en la impunidad, protegido por la Ley de Amnistía aprobada en 1993, que blindaba judicialmente los crímenes cometidos durante la guerra civil. Esta ley fue declarada inconstitucional en 2016. Dos años después, en 2018, gracias a la insistencia de los familiares de las víctimas y al trabajo de organizaciones como la Fundación Comunicándonos y ASDEHU, se presentó una denuncia formal y se solicitó la reapertura del caso.
La reapertura, autorizada en 2020, permitió identificar a los presuntos responsables y recopilar nuevas pruebas clave para llevar el caso a juicio.
