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Redacción Nacionales
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La organización Cristosal condenó la resolución del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, al no declarar medidas sustitutivas a la detención de los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, vulnera el derecho a la presunción de inocencia, además de prolongar su detención sin fundamento, y reitera la tendencia de criminalizar a quienes defienden derechos.
“Privar de libertad a personas defensoras por ejercer pacíficamente su derecho a la expresión y la protesta envía un mensaje de miedo y autocensura a toda la sociedad civil, el juzgado no tomó en cuenta los arraigos presentados por la defensa, las condiciones de salud de ambos defensores y la existencia de cargos infundados en su contra”, indicó Cristosal.
Henríquez y Pérez permanecen en prisión desde mayo de 2025, por acompañar una manifestación pacífica en defensa del derecho a una vivienda digna a los habitantes de la Comunidad El Bosque, de Santa Tecla, La Libertad.
La protesta fue ampliamente documentada y transmitida en tiempo real por diferentes medios de comunicación, mostrando el carácter pacífico de la concentración y la ausencia de hechos que justificaran el uso de la fuerza o la acusación penal.
Según la organización, ambos defensores enfrentan cargos por desórdenes públicos y resistencia agresiva al arresto, una decisión que contradice el registro público de los hechos y vulnera el ejercicio legítimo de sus derechos a la libre expresión, reunión y asociación, garantizados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunciaron previamente, instando a su liberación y al cese de la persecución judicial en su contra.
“La justicia no puede ser un instrumento para silenciar a quienes defienden a sus comunidades, defender derechos no es un delito», reiteró.
Cristosal externó su respaldo a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, y exigió al sistema judicial salvadoreño garantizar el debido proceso, su integridad física y el cese de la criminalización de la defensa de derechos humanos.
Desde su arresto, ambos han permanecido incomunicados sin acceso al mundo exterior, incrementando el riesgo de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, han sido expuestos a
un sistema penitenciario caracterizado por el hacinamiento extremo.
Este tipo de detenciones arbitrarias se inscribe en un patrón sistemático de criminalización que busca silenciar a quienes denuncian abusos, defienden los derechos de sus comunidades y reclaman justicia.
Amnistía Internacional reconoció a los defensores de derechos humanos como Prisioneros de Conciencia en julio de 2025, debido a que se encuentran privados de libertad únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
