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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Diputados que integran la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, de la Asamblea Legislativa, concluyeron con el estudio del anteproyecto de Ley Especial de Atención y Protección Integral a las Personas en Condición de Desplazamiento, una iniciativa que contempla garantías para la atención integral de personas que resulten víctimas de este flagelo.
Según lo dispuesto por los legisladores en el dictamen favorable de la comisión, el Ministerio de Justicia y Seguridad se encargará de la aplicación de la normativa por medio de la unidad respectiva, el Ejecutivo además se encargará de financiarla por medio del Fondo General de la Nación, donaciones o cooperación nacional e internacional y otras fuentes de financiamiento.
“La ley contempla garantías de salvaguarda para las víctimas de desplazamiento forzado en términos de la atención que deben recibir en razón de su alimentación, techo, entre otros, de manera temporal, mientras cambian las condiciones por las que se vieron obligadas a salir de sus hogares”, dijo Mario Tenorio, diputado de GANA y presidente de la comisión de Legislación.
El proyecto de ley establece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública como coordinador del sistema nacional de atención y protección integral a personas desplazadas, el cual estará integrado por los ministerios de Salud y Educación, Fiscalía General de la República y las instituciones gubernamentales encargadas de la reconstrucción del tejido social, entre otros.
La instancia legislativa también avaló la exclusión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) del sistema de atención y protección a desplazados, por considerar que la institución no puede constituirse en juez y parte de la legislación, ya que su labor es verificar que las demás instituciones cumplan con la ley. La propuesta de ley, si bien será retroactiva, no incluye en sus beneficios a las víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que vivió el país; sino, a las que resultaron luego de la firma de los Acuerdos de Paz.
La iniciativa de ley establece que las medidas podrán materializarse dentro de las siguientes 72 horas y 48 horas, desde que se presente la solicitud; además, expone que las mismas se revocarán si se comprueba que el beneficiario simuló una situación de riesgo y crearán un registro único de personas en condición de desplazamiento
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unas 250 mil personas resultaron víctimas de desplazamiento forzado interno en los últimos ocho años.
