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Alejandro Henríquez
El día 15 de abril de 2020, en el marco de la cuarentena obligatoria nacional decretada por el Gobierno, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 en El Salvador; La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) informaba el procesamiento de 356 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de distintas autoridades, destacando los cuerpos de seguridad y personal encargado de los centros de cuarentena. Los tres departamentos con más denuncias por violaciones a los derechos humanos son San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Entre los derechos cuya vulneración se denuncia, se encuentran: el derecho a la libertad (102 denuncias), el derecho a la salud (78 denuncias); derecho al trabajo (63 denuncias), derecho a la información (54 denuncias) y el derecho al agua, alimentación y no discriminación (46 denuncias). En esta ocasión deseo hacer énfasis en el derecho humano al agua. Este derecho –parafraseando a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- consiste en el derecho de toda persona a recibir agua de calidad, limpia, asequible, accesible y apta para el consumo humano; en cantidad, calidad y cobertura suficiente para uso personal y doméstico. Este derecho es indispensable para una vida humana digna (ver Observación General N°15 y Resolución 64/292 de la ONU).
Como ya se dijo, en el marco de esta pandemia, 46 personas han alegado y denunciado ante la PDDH la violación a este derecho; es decir, 46 personas que no reciben agua o, en otros casos, la reciben de mala calidad, lo cual la hace no apta para el consumo humano. Además de ser tan vital el cumplimiento de este derecho para una vida digna; actualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como medida de protección básica el lavado de manos con frecuencia durante veinte segundos; debe hacerse con abundante agua y jabón con la finalidad de matar el nuevo coronavirus.
No obstante, lo anterior del conjunto de decretos emitidos por el Gobierno, únicamente el decreto legislativo del día 1 de abril de 2020, Ley Transitoria para Diferir el Pago de Facturas de Servicios de Agua, Energía Eléctrica y Telecomunicaciones, abordaba –aunque no de la manera más feliz- el abastecimiento de agua. Dicho instrumento legal difiere, por el plazo de tres meses, los pagos de energía eléctrica, agua y telecomunicaciones a aquellas personas cuyo consumo es de hasta 250kw/mes.
La medida relacionada si bien es un alivio económico para muchas familias salvadoreñas, no es suficiente para prevenir y palear el COVID-19. En estos momentos el agua es un elemento crucial e indispensable en la lucha contra el nuevo coronavirus. No es posible que zonas populares del Área Metropolitana de San Salvador, que personas empobrecidas posean un servicio deficiente y de mala calidad de agua por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Estas circunstancias agravan la vulnerabilidad de estas personas, haciéndolos más propensos a contraer esta enfermedad.
A pesar que como seres humanos tenemos derecho a ser abastecido a una ración de -al menos- 50 litros de agua diario, y aunque nos encontremos en tiempos excepcionales; el Gobierno no ha emitido medidas relacionadas al refuerzo presupuestario de ANDA, al mejoramiento del sistema nacional de abastecimiento, ni medidas orientadas a reforzar los más de 2,325 sistemas de aguas comunitarios que abastecen a más del 22 % de la población (aproximadamente 1,379,000).
En lugar de ello, el Gobierno Central ha dado órdenes a elementos de seguridad a ser más duros contra aquellas personas que incumplen la cuarentena; el Gobierno Central –en especial Bukele- ha preferido aumentar el número de elementos armados en la calle, lo cual provoca temor en las y los salvadoreños; incluso, se ha llegado al punto de instalar cordones militares. Estas medidas desproporcionadas han impedido que personas pertenecientes a Juntas de Agua puedan hacer su labor, tal y como ocurrió en el Puerto de La Libertad, en donde dos personas resultaron golpeadas por parte de militares, cuando aquellas se dirigían a la ADESCO para poder dotar de agua a 321 familias.
Ahora bien, dentro de esta cuarentena hemos vivido dos días importantes para la naturaleza, el Día Mundial del Agua (22 de marzo de 2020) y el Día de la Tierra (22 de abril de 2020). En estas fechas el Gobierno brilló por su ausencia, siendo estas oportunidades para promover, ante la Asamblea Legislativa iniciativas de Ley que procuren la igualdad en el acceso al agua, que garanticen un agua de mejor calidad y cantidad en estos tiempos difíciles para la humanidad; tampoco se pronunció sobre convenios o instrumentos legales que despojan a personas empobrecidas del goce del agua, puesto que estos instrumentos lesivos priorizan el agua para construcción de residenciales de lujo o para el abastecimiento de agua a favor de las ya construidas; en estas fechas, guardó absoluto silencio.
Muchas comunidades no pueden hacer frente al COVID-19 por falta de agua en cantidad y calidad suficiente; al parecer dicha situación le despreocupa a Bukele y demás funcionarios, puesto que gustan más de militares y policías armados en las calles, que miles de familias empobrecidas teniendo acceso a agua potable para afrontar estos momentos.
