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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En un comunicado la Comunidad Santa Marta y ADES exigieron a las autoridades penitenciaras y policiales “acelerar el proceso de excarcelación de nuestros líderes comunitarios que debieron salir de prisión hace una semana”.
Los líderes y ambientalistas: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES-Santa Marta, aún no han sido liberados, y se mantienen incomunicados, pese a la orden del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, que mandó a los ambientalistas al Hospital Nacional Rosales por el deterioro de la salud de los cinco y seguir su proceso con detención domiciliar en Santa Marta, Cabañas.
Luego de la resolución del 23 de agosto del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, que ordenó un cambio de medidas sustitutivas para los cinco ambientalistas de Santa Marta, que llegó con un atraso de casi dos meses, pese a la orden directa de la Cámara Penal de Cojutepeque, a este juzgado, la jueza cambio las medidas provisionales de detención.
“Es condenable que la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la Policía Nacional Civil (PNC) y demás instancias involucradas aún no hayan cumplido la orden judicial que revirtió la detención provisional y concedió arresto domiciliar a los defensores ambientales”, afirmaron.
“Esta grave irresponsabilidad gubernamental pone en grave peligro la vida de nuestros compañeros, ya que su situación de salud es extremadamente delicada. Así lo determinaron los informes del Instituto de Medicina Legal (IML), y por eso la jueza de Instrucción de Sensuntepque resolvió que fueran llevados inmediamente a recibir atención médica y luego a sus viviendas”, expresaron.
A lo largo de estos siete meses, diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales han reiterado en sus denuncias las inconsistencias del requerimiento presentados por la Fiscalía General de la República, sobre un caso ocurrido en 1989, durante el conflicto armado, con “pruebas de poco valor probatorio”.
También denunciaron la “mentira fiscal”, al señalar que los cinco defensores de derechos ambientales serían juzgados sin aplicarles el Estado de Excepción, lo que incumplieron y han estado incomunicados desde hace 7 meses, y dejando sin oportunidad que se comuniquen con sus familiares o representantes legales, para preparar su defensa técnica.
“Elevamos la denuncia nacional e internacional sobre todo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), a quienes pedimos intervenir con urgencia ante la negativa de las autoridades salvadoreñas de liberar a los ambientalistas. En la cárcel ni un minuto más”, reiteraron.
Asimismo, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, ha informado que el pasado 14 de agosto se agotó el plazo otorgado al Estado de El Salvador, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que envíe información sobre el Caso Santa Marta y ADES, para responder a la denuncia que en este caso se ha “instrumentalizado la justicia” .
