Comunidad Los Naranjos denuncia intimidación policial por instalación de antena 

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

Habitantes del cantón Los Naranjos, en Cojutepeque, Cuscatlán Sur, denunciaron intimidación policial relacionada a su oposición a la construcción de infraestructura destinada a la instalación de una antena de telecomunicaciones en el centro de la comunidad, aproximadamente a tres metros de las primeras viviendas y en las cercanías de una iglesia católica y un centro escolar.

Desde el inicio de la obra, pobladoras y pobladores han expresado preocupación por los posibles impactos que la instalación podría generar en la salud, el derecho a un medioambiente sano y la seguridad de las familias. También señalaron que no han recibido información clara sobre el proyecto ni han contado con mecanismos de participación ciudadana para conocer y opinar sobre el proceso.

A estas preocupaciones se ha sumado recientemente las actuaciones policiales que consideran intimidatorias. Las personas de la comunidad señalaron que agentes policiales les han solicitado su Documento Único de Identidad (DUI) sin explicarles el motivo, además de advertirles sobre posibles detenciones. También denunciaron que una lideresa comunitaria fue identificada y fotografiada por agentes policiales en el marco del conflicto generado por la instalación de la antena.

El Observatorio Regional de Derechos (ORD) manifestó su preocupación por estos hechos y sostuvo que no deben analizarse de manera aislada, debido a que se suman a otras denuncias sobre presencia y actuaciones intimidatorias de cuerpos de seguridad frente a comunidades organizadas que cuestionan proyectos con posibles impactos en sus territorios.

La organización señaló como antecedente la situación denunciada en la comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, donde pobladores han expresado oposición a un proyecto de relleno sanitario y también han reportado actuaciones de cuerpos de seguridad.

Para el ORD, este tipo de situaciones evidencia un patrón preocupante de intimidación frente al ejercicio de la organización y la participación cívica comunitaria.

“Estas prácticas pueden generar temor, inhibir la denuncia pública y desalentar la participación de la población, contribuyendo a la reducción del espacio cívico en El Salvador, particularmente entre comunidades que se organizan en defensa de sus derechos, bienes naturales y territorios”, alertó en un comunicado de prensa.

El ORD hizo un llamado a las instituciones competentes para que respondan de manera oportuna y fundamentada a las peticiones de la comunidad, transparenten la información, evaluaciones y demás documentación relacionada con la instalación de la antena, y garanticen mecanismos efectivos de participación comunitaria y el derecho de consulta.

También pidió que las actuaciones policiales se desarrollen con respeto a los derechos humanos y que no sean utilizadas como mecanismos de intimidación frente a la organización comunitaria y la denuncia ciudadana.

Por su parte, la organización Raíces de Esperanza reafirmó su respaldo a los habitantes del cantón Los Naranjos, quienes se oponen a la instalación de la antena de telefonía y cuestionan que el proyecto no habría sido sometido a consulta ciudadana.

“Lo decimos con toda claridad: sin consulta ciudadana no hay legitimidad. Ningún proyecto tiene derecho a instalarse donde el pueblo no lo quiere, mucho menos habiendo tantos otros lugares disponibles en Cojutepeque”, expresó la organización.

Raíces de Esperanza agregó que la ubicación de la estructura genera especial preocupación por su cercanía con viviendas, niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades. “Insistir en quedarse justo ahí, a costa de niños, adultos mayores y personas enfermas, no es desarrollo, es imposición. Representar al pueblo se demuestra escuchándolo, no ignorándolo. Los Naranjos no están solos”, sostuvo.

De acuerdo con información proporcionada por la comunidad, alrededor de 470 familias se han organizado para informarse y documentar el proceso relacionado con la instalación de la antena.

La organización manifestó que comparte y respalda las acciones emprendidas por los habitantes para solicitar la revisión del proyecto y reiteró su acompañamiento al caso.

Los habitantes aseguran que sus acciones se han desarrollado sin violencia ni confrontación y que han dado a las autoridades la oportunidad de actuar con responsabilidad, revisar el proceso y, de ser necesario, detener la construcción mientras se garantiza el respeto a la salud, la vida y el bienestar de las familias.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que escuchen a la comunidad, revisen el proceso con transparencia, garanticen la participación ciudadana y actúen conforme a derecho, priorizando la protección de la salud y la vida”, concluyó Raíces de Esperanza.