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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Lo que más me duele es que después de hacer un servicio gratuitamente sin ningún salario, aparezca ahora que son terroristas, agrupaciones ilícitas, cuando antes decían que esta comunidad es modelo en prevención de la violencia”, dijo Miguel Ángel Ramos, padre de Mauricio Antonio Ramos, quien junto a otros cinco jóvenes fueron detenidos el pasado sábado, cuando sin razón, ni motivo alguno se les hincó en la calle y se les esposó para llevarlos a las bartolinas policiales de San Vicente.
La comunidad El Guajoyo vio con sorpresa el hecho, ya que los seis jóvenes son reconocidos por su labor social en la comunidad. Y que los hechos que les imputan no tienen razón de ser, ya que las armas decomisadas tienen permiso de las autoridades de gobierno y avalado su uso por parte de la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC). Ubicada en la zona norte del municipio de Tecoluca, la Comunidad El Guajoyo ha acatado las disposiciones del gobierno de Nayib Bukele, para erradicar la pandemia de COVID-19, los pobladores permanecen en sus hogares, utilizan mascarillas, muchas de estas fabricadas por ellos mismos.
Para ingresar a la comunidad, un grupo de personas se encargan de tomar la temperatura, bajo la dirección del médico comunal, además, esterilizan los vehículos para erradicar cualquier contagio de COVID-19.
La comunidad es tranquila, tiene cinco años sin registro de delito ni delincuencia. Las familias se dedican a la pesca artesanal y al cultivo de guineo, plátano y otros productos agrícolas.
Pero el sábado, seis de sus hijos fueron detenidos por la PNC, cuando cuidaban la entrada principal de la comunidad. Ellos fueron señalados de pertenecer a grupos criminales, con armas de fuego, y sin contar con el debido permiso. Sin embargo, este armamento ya estaba en conocimiento de la PNC, ya que eran escopetas que estaban a nombre de los líderes de la comunidad que fueron aprobados por la misma autoridad policial. Junto a Ramos, fue detenido: Diego Armando Cortez, José Daniel Rodríguez González, Santiago David Abarca Flores, Pedro Santos Leiva Pineda y César Antonio Valladares. “Nos extraña que porque de repente se llevan a nuestros hijos a la cárcel, tenemos cinco años de tener un Comité de Prevención de la Violencia y no ha habido delito. Somos campesinos y trabajamos de la tierra. Rechazamos rotundamente esa acción que ha hecho la policía, pues la comunidad está haciendo una labor correcta, que está regulado por actas de creación”, dijo Santiago Cortez Hernández, representante de la comunidad.
Cortez explicó que la comunidad tiene evidencia y documentación en la que establece que los jóvenes no están vinculados a pandillas. “Queremos que la fiscalía y la policía entregue a nuestros hijos, pues no han cometido ningún delito. Como padres de familia y comunidad exigimos libertad para seis hijos. Es justa nuestra labor, no hacemos el mal a nadie. El comité no es solo para prevenir la seguridad, sino que tiene otras funciones, como el cuido del río Lempa para que no lo envenenen”, agregó.
Reporte Policial
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de los seis jóvenes en el cantón Soledad, caserío Guajoyo de Tecoluca San Vicente. Con las capturas se decomisaron siete armas de fuego. La PNC realizó la captura presuntamente por la denuncia de terceros.
Sin embargo, las autoridades policiales no han presentado formalmente un reporte sobre los jóvenes capturados, pese a ello, una cuenta de twitter reconocida que pertenece a un agente policial (@rockwell_well) aclaró de manera extraoficial que se trató de un mal procedimiento policial.
“El Jefe de la subdelegación de Tecoluca, subcomisionado Escobar, dio la orden que detengan a un grupo de ciudadanos que cuidaban su sector, quienes esta organizados a raíz de defender su comunidad… No son grupos delincuenciales, ni tampoco extorsionaban, son gente de bien que cuidan sus comunidad. Así que es mal procedimiento por parte de quién dio la orden”, sostuvo.
La comunidad se ha organizado para pagar un abogado privado que pueda liberar a los jóvenes que no tienen delitos algunos que les imputen. Por hoy, los jóvenes permanecen el las Bartolinas de la PNC de San Vicente. Los familiares no han podido verles, solamente los abogados.
