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La Comunidad de San Francisco Angulo en Tecoluca, San Vicente, denunció amenazas por parte de personeros de la empresa CYEEMSAL colocando un rótulo un “aviso preventivo” en una de sus máquinas al inicio de la comunidad; esto se da cuando ya se habían amenazado con órdenes de captura contra líderes comunitarios que luchan contra un relleno sanitario.
La comunidad en coordinación con el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), emitieron un comunicado este fin de semana sobre el aviso preventivo que colocaron este sábado. En dicho comunicado, San Francisco Angulo y las organizaciones declaran su derecho a la defensa comunitaria, ambiental y de derechos humanos frente a la imposición del proyecto de relleno sanitario promovido por la Asociación de Municipios Los Nonualcos y ejecutado por la empresa CYEEMSAL.
Las organizaciones reiteraron que el proyecto pretende depositar en el territorio comunitario unas 265 toneladas diarias de basura, volumen que vuelve inevitable el riesgo de impactos acumulativos sobre agua, suelo, aire, salud y vida comunitaria.
Ahora, la comunidad denuncia que CYEEMSAL “está amenazando a la comunidad difundiendo un -aviso preventivo- que compila artículos del Código Penal como advertencia general”-.
Los artículos mencionados son el 153, 153-A, 154, 348, 345-B, 152-A, los cuales hablan de la acción, utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad, desórdenes públicos, ocupación violenta de espacios comunales habitacionales o de trabajo, y la limitación ilegal a la libertad de circulación.
Estos artículos mencionados son una amenaza para los habitantes y los líderes comunales y de organizaciones que han acompañado esta lucha para evitar el relleno sanitario en la zona debido a la problemática medioambiental que desembocaría.
“Ese cartel de advertencia en contra de la organización comunitaria, la gestión de justicia ambiental y la defensa del territorio, está amenazando y criminalizando la defensa de derechos humanos, vulnerando la seguridad jurídica, afectando las libertades básicas de reunión, asociación, expresión y circulación”, señaló el Movimiento por la Defensa de la Tierra de Tecoluca y el BRP.
Las organizaciones señalan que “los derechos humanos se anteponen al derecho penal, actuación como su límite, fundamento y marco de actuación. El derecho penal no puede aplicar penas que violen la dignidad humana ni los derechos fundamentales, ya que estos últimos son superiores al poder punitivo del Estado. En su esencia, el derecho penal es una herramienta del Estado, pero los derechos humanos son principios superiores que definen qué puede y qué no puede hacer el Estado”.
La comunidad y las organizaciones reafirmaron la defensa de sus derechos humanos la cual “es legítima y pacífica, y se sustenta en el deber de proteger el territorio, el agua y la vida”.
A la vez, hicieron un llamado a que se respeten las medidas cautelares ordenadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en 2018, donde comunicó a las municipalidades que integran la Asociación Los Nonualcos a abstenerse de iniciar cualquier tipo de obra física del proyecto «Relleno Sanitario de Los Nonualcos» (tala de árboles, terracería manual o mecánica) en el cantón San Francisco Angulo y buscar un lugar que ofrezca características apropiadas a la naturaleza del proyecto en mención, y que ofrezca las garantías suficientes de que se no se afectará el derecho a un medio ambiente sano y derecho humano a la salud, derecho a la verdad, acceso a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición de las víctimas de masacres del conflicto armado interno; el patrimonio cultural y el proyecto de vida de las comunidades.
Exigieron la suspensión inmediata de toda obra, ingreso de maquinaria y acciones de instalación vinculadas al proyecto. El respeto y cumplimiento estricto de las medidas cautelares y actuaciones preventivas emitidas por la PDDH desde 2018 y el retiro de cualquier «aviso preventivo» que use el derecho penal como amenaza general contra las personas de la comunidad que defienden sus derechos humanos.
Piden a la PDDH que realice una verificación in situ y emita un pronunciamiento y adopte medidas de protección frente a la amenaza y criminalización de defensores de derechos humanos.
“La comunidad rechaza esta modalidad de diálogo bajo presión. La posición de la comunidad es clara: el basurero no se debe instalar en el territorio comunitario por representar una amenaza a la salud y a los ecosistemas”, concluyó la comunidad y las organizaciones.
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