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Tony Zuniga
Chilliwack, Canada
Por años, diferentes gobiernos han intentado erradicar el problema de las pandillas sin resultados duraderos. La problemática que presentó la llegada de cientos de miembros de pandillas deportados de los Estados Unidos a finales de los ochenta fue ignorada por los gobiernos de entonces. En 1992, el mismo año en que se firmaron los acuerdos de paz y durante la presidencia de Alfredo Cristiani, los medios de comunicación ya anunciaban un incremento de la violencia que se atribuía a las pandillas. Durante la presidencia de Calderon Sol, se agudizaron los delitos pandilleriles, pero no se desarrolló un plan concreto para contrarrestar su influencia y crecimiento. El principal enfoque que los gobiernos desde entonces han adoptado para controlar las pandillas ha sido a través de políticas de represión, el encarcelamiento y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Algunos gobiernos también han tratado de manejar las estadísticas de homicidios atribuidos a pandillas a través de treguas y acuerdos con esos grupos. Sin embargo, las alarmantes cifras de homicidios y el acoso que continúa sufriendo la población por décadas demuestran que todas esas medidas miopes no han erradicado el actuar de las pandillas que continúan atemorizando la población.
Sea debido a la militarización de la sociedad por el estado, a la normalización de un vivir y un pasado violento, o a la demonización de los jóvenes envueltos en pandillas, existe en el pensamiento salvadoreño la creencia de que la única manera de erradicar el problema de las pandillas es a través de la represión. A pesar de los fracasos de medidas extremas de gobiernos para el control de las pandillas, como las políticas populistas “mano dura” del presidente Flores y “super mano dura” del presidente Saca, se continúa creyendo en el mito de que el problema solo se puede solventar con el uso de la fuerza y el encarcelamiento. Las medidas represivas implementadas por la actual administración bajo el régimen de excepción son contraproducentes y perjudiciales, ya que se basan en ese mito e ignoran alternativas más efectivas.
Varios estudios han demostrado que el encarcelamiento tiene cero efectos o un efecto muy limitado sobre la reincidencia criminal. En otras palabras, no importa a cuantos pandilleros encarcelen, sin rehabilitación, la mayoría volverá a delinquir después de cumplir sus condenas. El otro mito es el pensar que sentencias de prisión más largas van a persuadir a los pandilleros para dejar de cometer crímenes. Eso, según investigaciones, es falso. De hecho, hay estudios que demuestran que alargar las sentencias de reos incrementa su riesgo para delinquir. Es más, al encarcelar a jóvenes con bajo riesgo de reincidir, ellos salen de la cárcel, con valores criminales más arraigados. O sea, si el joven previamente no participaba o no estaba involucrado de lleno en la pandilla, después de ser arrestado y encarcelado junto con otros pandilleros de alto riesgo, él va a presentar un mayor riesgo para delinquir al ser liberado. Además, hay estudios que demuestran que el hacinamiento en las cárceles puede incrementar la reincidencia criminal. Si este problema ya existía en las cárceles con decenas de reos durmiendo en hamacas colgando del techo y amontonados en una celda, ahora con los arrestos masivos, el problema de la reincidencia criminal se podría empeorar. Tomando en cuenta esas realidades, las actuales medidas de represión contra pandillas bajo el régimen de excepción probablemente van a causar más crimen a la larga, y no van a reducirlo.
El problema de las pandillas no va a desaparecer únicamente con más represión y encarcelamiento, sino que requiere una mayor inversión en la juventud y en comunidades vulnerables. Sin embargo, hasta ahora no se han implementado a fondo políticas que se enfoquen en la raíz del problema. El pensar que el gobierno va a obtener resultados diferentes empleando la misma mano dura contra pandilleros como lo hicieron pasadas administraciones una y otra y otra vez es una fantasía. Si el gobierno ha reportado que un diez por ciento de la población está involucrada en o se beneficia de actividades criminales, entonces, se trata de un problema socioeconómico sistémico que va a requerir un esfuerzo colectivo y una fuerte inversión. El encarcelar a 660,000 salvadoreños como pareciera que se está intentando hacer, solo resultara en la criminalización de sectores vulnerables, en más delincuencia y en más víctimas. Por lo tanto, el problema se debe abordar no solo combatiendo el crimen, sino también con grandes inversiones en programas sociales, educativos y económicos que deben incluir la prevención, la rehabilitación y programas de reinserción, que son principios comprobados para la reducción del crimen y la violencia.
Después de trabajar en el sistema penitenciario canadiense por más de una década me he dado cuenta de que la mayoría de reos, incluyendo pandilleros, quieren cambiar su manera de actuar. Muchos de ellos han logrado cambiar sus vidas al completar con éxito programas cognitivos de rehabilitación durante su sentencia. Los arrestos arbitrarios e indiscriminados de pandilleros, el maltrato, el encarcelamiento en condiciones inhumanas y la violación de sus derechos humanos y civiles, no son la manera de convencerlos de los beneficios de modificar su manera de pensar. El trato agresivo ejecutado por los cuerpos de seguridad no reduce la delincuencia, sino que la incrementa según expertos.
Hasta ahora ningún gobierno ha dado la prioridad debida a programas de prevención de violencia, de rehabilitación, y de reinserción de pandilleros. Dichas alternativas han sido ignoradas, mal financiadas, o abandonadas. Aparentemente es más fácil y popular vilificar y arrestar a jóvenes pandilleros que invertir en programas para su rehabilitación y para la prevención del crimen. Nadie niega que dichos grupos han causado muchas muertes, mucho dolor y mucho temor a la población por lo que muchos los odian, los estigmatizan, los marginan y los quieren ver en la cárcel. La justicia y el encarcelamiento son en muchos casos necesarios para la protección de la ciudadanía, pero el odio y la demonización por parte de la sociedad no lo son y solo generan más odio en los jóvenes. El ciclo vicioso de la violencia nunca se va a romper con ese pensar. Para un mejor El Salvador es imperativo librarse de la mentalidad del odio contra jóvenes pandilleros quienes, se quiera o no, representan el futuro de la nación y que en vez de la marginación exijamos y creemos programas efectivos para que eviten y abandonen una vida violenta y destructiva.
El peso de la justicia se debe aplicar a quienes quebrantan la ley, pero como ha sido documentado en investigaciones, un gran número de ellos son jóvenes vulnerables de nuestras comunidades que necesitan rehabilitación y oportunidades para ser ciudadanos de bien. Ese tipo de pensar no es fácil, pero es consistente con valores salvadoreños como aquellos ejemplificados en el libro de Mateo que nos invita a ser pacificadores, a ser guías y luz para necesitados, a perdonar a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen, y a orar por los que nos hacen daño.
