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Rosario Rivas
@DiarioCoLatino
Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción piden a las Naciones Unidas en El Salvador, por medio de una carta, el acompañamiento y verificación en temas de derechos humanos en El Salvador.
En la carta instan al organismo internacional a realizar sus funciones establecidas en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Entre las organizaciones que llegaron a la oficina de la ONU están el comité de familiares del régimen de excepción del Bajo Lempa y el Comité de familiares de personas presas y perseguidas políticas de El Salvador (COFAPPES).
Previo a la celebración del Día de la Persona Defensora de Derechos Humanos, los familiares de los detenidos piden la intervención del coordinador residente de la ONU, Raúl Salazar.
Los familiares solicitan que se supervise el cumplimiento del Marco de Cooperación 2022-2026 y que se dialogue con el gobierno sobre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente sobre las condiciones de detención y el restablecimiento de visitas familiares.
Otra de las peticiones es que las instituciones del Estado mantengan procesos independientes para revisar los casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción y de quienes han sido señalados en procesos que, según familiares, presentan irregularidades.
No dejaron de lado la preocupación por el trato a voces críticas y por la actuación de cuerpos de seguridad en comunidades vulnerables.
Estas organizaciones expresan su respaldo a la propuesta del Colectivo Libertad de crear una comisión internacional que verifique el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Y reiteran que buscan un entorno seguro, y que este debe garantizar el respeto a las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad.
Las Naciones Unidas debe contribuir al bienestar, goce de derechos e inclusión social, así como a la paz sostenible, inclusiva e igualitaria.
Lourdes Palacios, integrante de COFAPPES, dijo que en la carta se le plantea al coordinador residente, Raúl Salazar, que interceda por los familiares detenidos bajo el régimen de excepción.
Finlmente, los comités de familiares instan a Salazar a solicitar al gobierno salvadoreño el cumplimiento del Informe Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador, para que se permitan las visitas familiares; que se compruebe la independencia de los órganos de Estado y se libere a los familiares inocentes. Además, que haga un llamado para que cese la persecución política contra las voces opuestas al gobierno.
