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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El equipo de abogados penalistas que juramentó la Comisión Especial que investiga el destino de los fondos que legislaturas anteriores aprobaron a diferentes ONG, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, brindaron un informe sobre lo “encontrado” en los trabajos de la instancia legislativa.
En un primer momento, la diputada y presidenta de la comisión, Alexia Rivas, contextualizó sobre las instituciones que recibieron fondos por parte del Estado y que tenían alguna vinculación con funcionarios o exfuncionarios.
La Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), con vinculación con la exdiputada Lorena Peña, recibió $518,890, dijo la diputada oficialista. También mencionó a La Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social, creada por supuestamente militantes del FMLN, entre ellos el exdiputado Eugenio Chicas. Dicha fundación habría recibido $639,000. La Fundación Nacional de Arqueología (FUNDAR), vinculada al partido ARENA, recibió $559,100. La Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), creada por la exdiputada de ARENA, Milena de Escalón, habría recibido $316,650. La Asociación de Mujeres Tecleñas (AMT), fundada presuntamente por militantes del FMLN, habría recibido $70,000.
Mario Machado, uno de los abogados que la comisión juramentó, recordó que la instancia legislativa les brindó el mandato para analizar los procedimientos que se estaban utilizando, con ello se logró identificar puntos que contribuyeron a verificar “irregularidades”, a fin de que el Estado pueda solicitar un resarcimiento de daños, dijo.
Machado detalló que, en el pasado, el presupuesto llegaba a la Comisión Hacienda y los exdiputados hacían un reajuste para generar las colas presupuestarias. “Habían organizaciones que no actualizaban sus proyectos, todo era un corte y pega, sin resultados y auditorías; sin embargo, siempre tenían una asignación en el presupuesto. Así se creó este mecanismo ilegal”, manifestó.
Sin embargo, la asignación de fondos por parte del Estado a través de la Asamblea siempre ha estado a discreción de los parlamentarios que tienen el poder, por ejemplo, el diputado Reynaldo Carballo, del Partido Demócrata Salvadoreño (PDC), recibió fondos del estado para su fundación del Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos. El parlamentario, aliado al Gobierno, no fue llamado a la instancia legislativa y tampoco se le mencionó.
La abogada Laura Mina detalló algunos de los resultados obtenidos en la investigación realizada por el equipo penalista sobre la asignación de fondos a organizaciones, asociaciones y fundaciones: se encontró la omisión de contabilidad formal, omisión de presentación anual de balances y estado de resultados ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación.
A la lista se agrega la no inscripción de Juntas Directivas vigentes por períodos prolongados, así como también la no actualización de sus representantes legales. Ausencia de registro de miembros activos. Participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos en las ONG, mientras se les otorgaban fondos estatales y la ausencia de peticiones formales para la asignación de fondos.
El abogado José Machado sostuvo que existió una ausencia de solicitudes para asignar fondos, omisión de justificación de proyectos, utilidad social a generarse, falta de plan de ejecución financiera y nulo mecanismo de contraloría. En este sentido, aclaró que un proceso penal tiene por finalidad establecer dos puntos: la existencia de un delito y la participación de una persona o más. “La FGR concluirá la investigación”, señaló.
El informe elaborado por los abogados concluyó en que los supuestos delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Los parlamentarios informaron que presentarán un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal y deduzca responsabilidades.
En un primer momento, los oficialistas habían manifestado que las organizaciones desde 2011 a 2020 habrían recibido cerca de $279 millones. La comisión volverá a sesionar el próximo lunes.
