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Saúl Méndez
Colaborador
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) informó que el proceso judicial contra los veteranos detenidos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz no ha registrado avances significativos. El colectivo calificó la situación como crítica, al señalar que la mayoría de los imputados son personas de la tercera edad con enfermedades crónicas que se han agravado durante los más de dos años que han permanecido en prisión.
La coordinadora de COFAPPES, Lourdes Palacios, sostuvo que no existen pruebas que sustenten las acusaciones por los supuestos delitos de terrorismo atribuidos a los dirigentes. Agregó que la principal evidencia es el testimonio de un supuesto testigo criteriado, pero señaló que una investigación periodística publicada en octubre de 2025 bajo el título «Unos terroristas de cartón» expuso múltiples inconsistencias, entre ellas que dicho testigo aparecía simultáneamente en México y en El Salvador durante los hechos que afirmó haber presenciado.
«Esa es prácticamente la única base de la acusación de que estas personas planificaban actos terroristas. Después de dos años, la Fiscalía aún no ha podido presentar pruebas que respalden esa versión», advirtió.
«Lo único que ha ocurrido es la solicitud constante de prórrogas y la prolongación del proceso, vulnerando los derechos humanos de quienes permanecen en prisión», lamentó.
Los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz fueron capturados entre el 30 y 31 de mayo de 2024 y son procesados por los delitos de agrupaciones terroristas y actos terroristas. Según la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido en el contexto de la toma de posesión del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele.
No obstante, COFAPPES y otras organizaciones de derechos humanos sostienen que el proceso ha estado marcado por inconsistencias desde su inicio.
«Prácticamente no existe ningún elemento que demuestre la culpabilidad de estas personas por los delitos que se les imputan», aseguró Palacios.
«Los veteranos han luchado de forma organizada por sus derechos. Después de los Acuerdos de Paz quedaron compromisos pendientes con este sector y, hasta la fecha, el actual Gobierno no ha cumplido varios de ellos. La Alianza buscaba precisamente defender esos derechos», indicó.
«Era una organización con una importante capacidad de movilización que comenzó a cobrar mayor visibilidad a partir de 2021. Ese crecimiento pudo haber sido visto como una amenaza y, por ello, sus principales dirigentes fueron capturados», aseveró.
Entre los imputados figuran Atilio Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz; José Santos Melara, conocido como «Pepe» Melara, exdiputado por el FMLN y dirigente de la Alianza; Alfonso Mira, Roberto Esquivel, Eliseo Segura, Ismael Santos, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado y Carlos Mejía. Junto a ellos también fue detenido el comunicador social y líder comunitario y comunicador social Luis Alberto Menjívar.
«Se trata de personas que han luchado por este país, que han trabajado por mejores condiciones de vida y que han defendido los derechos de los veteranos de guerra, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, aglutinados en la Alianza Nacional El Salvador en Paz», explicó Palacios.
La coordinadora de COFAPPES detalló que todos continúan detenidos desde hace más de dos años, con excepción de Atilio Montalvo, quien el año pasado obtuvo medidas sustitutivas debido al grave deterioro de su estado de salud. «De no haber sido por la movilización realizada hace un año, no sabemos qué habría ocurrido con él. Ahora, al menos, puede recibir atención médica con el apoyo de su familia, aunque sigue vinculado al proceso judicial», aclaró.
«Lo que hemos venido señalando es que el proceso contra estas personas, a quienes consideramos presos políticos, continúa prolongándose. Cumplieron dos años de detención el 30 y 31 de mayo; sin embargo, la Fiscalía y el sistema judicial han seguido retrasando la realización de la audiencia correspondiente», denunció.
La semana pasada, la defensa técnica de los imputados anunció un nuevo aplazamiento del proceso.
«Aún no existe certeza sobre la fecha de la audiencia. Según explicó el abogado del caso, se siguen produciendo arbitrariedades entre las instituciones involucradas, lo que contribuye a prolongar la prisión de los detenidos», lamentó.
También señaló que el juzgado ha devuelto en varias ocasiones actuaciones a la Fiscalía para corregir aspectos procedimentales.
«Ese intercambio de oficios y documentos entre ambas instituciones ha servido para extender aún más los plazos y, además, evidencia una dinámica en la que ambas terminan encubriendo esos retrasos. Por ahora, se espera la notificación oficial que confirme la fecha de la audiencia», denunció.
Palacios reiteró que, a juicio de COFAPPES, el proceso se sustenta en acusaciones falsas y carece de pruebas suficientes.
«Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, la captura de los veteranos de la Alianza se basó en acusaciones falsas. Las supuestas pruebas que sustentan el proceso, en realidad, no existen», indicó.
Por ello, COFAPPES, junto con otras organizaciones sociales, exigió que la audiencia se realice a la brevedad y que sea pública, ya que el caso permanece bajo reserva sin que, según el colectivo, exista una justificación clara.
Asimismo, solicitaron que se otorguen medidas sustitutivas a los detenidos, especialmente a quienes presentan un estado de salud delicado.
«En el caso de Pepe Melara, por ejemplo, su condición es crítica y el sistema penitenciario salvadoreño no garantiza la atención médica que requiere», concluyó Palacios.
