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Redacción Nacionales
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La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, presentó la Ley de protección, transparencia y rendimiento justo del ahorro previsional, iniciativa enfocada en proteger el ahorro de pensiones de los salvadoreños.
La legisladora sostuvo en el decreto que el sistema previsional salvadoreño se fundamenta en la existencia de cuentas individuales de ahorro previsional, cuyo titular es el trabajador cotizante. Esos recursos constituyen propiedad privada de naturaleza provisional, protegida por la Constitución “y no pueden ser tratados como recursos generales del Estado ni como una fuente ordinaria de financiamiento público”, explicó.
Sin embargo, en la práctica existe un esquema en el cual una parte significativa de los fondos ha sido utilizada para financiar al Estado en condiciones “que no reflejan adecuadamente el riesgo asumido ni garantizan un rendimiento justo para los cotizantes, trasladando de facto la carga fiscal presente y futura a los trabajadores”.
La legisladora planteó tres problemas significativos: el primero, es la afectación al derecho de propiedad, al disponer de los fondos previsionales sin condiciones de mercado, sin transparencia suficiente y sin límites temporales claros; el segundo, es la desproporcionalidad, al imponer a los cotizantes una carga financiera excesiva para sostener el financiamiento estatal, sin beneficios equivalentes; el tercero, el riesgo de confiscatoriedad indirecta, cuando el uso reiterado y prolongado de los fondos previsionales por parte del Estado se realiza a tasas reales insuficientes o negativas, erosionando el valor del ahorro obligatorio.
Claudia Ortiz sostuvo que con la iniciativa no pretende desfinanciar el sistema ni excluir al Estado como actor, sino “restablecer el equilibrio jurídico y financiero entre el titular del ahorro provisional y el Estado, bajo principios de propiedad, igualdad, transparencia, proporcionalidad y responsabilidad fiscal.
La legisladora propuso varias reglas, una de ellas es limitar temporalmente el acceso del Estado a los fondos previsionales; se obligan a la cancelación ordenada y acelerada de la deuda existente. Se aseguran transparencia absoluta para los cotizantes; y reconocen condiciones simétricas y objetivas de acceso tanto para el Estado como para los trabajadores.
La ley tiene por objeto proteger la propiedad de los fondos de pensiones, establecer límites al uso de dichos recursos, garantizar condiciones financieras justas y transparentes, y regular de manera estricta el endeudamiento del Estado y de los afiliados con carga a las cuentas individuales del sistema de pensiones.
“Esta propuesta busca generar un sistema de pensiones donde se respeten los ahorros de los trabajadores, se generen condiciones de mayor transparencia y también se estructuren condiciones financieras justas”, comentó Claudia Ortiz.
El artículo 3 de la propuesta señala que se prohíbe al Estado adquirir financiamientos con cargo directo o indirecto a los fondos de pensiones, cuyo plazo exceda de doce meses. El financiamiento otorgado al Estado no podrá exceder, en ningún caso, del 25% del total del fondo administrado por cada AFP.
El decreto señala que toda operación de financiamiento al Estado con cargo directo o indirecto a los fondos de pensiones, “deberá devengar una tasa de interés no inferior en tres puntos porcentuales al rendimiento promedio máximo obtenido por la respectiva AFP durante los seis meses anteriores a la operación”.
El artículo 6 habla sobre la información obligatoria que deberán proporcionar las AFP: entre ellas, el monto del fondo que se encuentra financiando al Estado; el plazo de cada operación; la tasa de interés aplicada; el rendimiento generado para el afiliado; el porcentaje que dicha operación representa respecto de su cuenta individual.
Además, se incluye un financiamiento del 25% de sus ahorros a los afiliados. “Los afiliados al Sistema de Pensiones podrán acceder a financiamiento con cargo a su cuenta individual hasta por un máximo del 25% del saldo acumulado, bajo las mismas condiciones financieras aplicables al Estado, conforme al artículo 5 de esta ley, sin que pueda imponerse restricción adicional por vía reglamentaria”.
“Si el Estado puede prestar hasta el 25%, los trabajadores también. Es su propio dinero. Entonces, proponemos que se rehabilite la posibilidad de sacar el 25% o prestar el 25% del fondo de pensiones en las mismas condiciones que el Estado tendría al prestarlo. Todos en la cama o todos en el suelo”, dijo Ortiz en declaraciones a la prensa.
En tanto, el Ministerio de Hacienda deberá reestructurar la deuda vigente del Estado con los fondos de pensiones y formalizar un plan de pago obligatorio, que garantice su cancelación total en un plazo máximo de 18 meses.
Sobre la deuda del Estado, la legisladora propuso que mientras no se haya cancelado en su totalidad la deuda “queda prohibido al Estado adquirir nuevo financiamiento con cargo a los fondos de pensiones”.
En el pleno, los legisladores negaron sus votos; Ortiz acudió a ventanilla para presentarla nuevamente y que siga el trámite.
