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Redacción Nacionales
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La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, envió una carta al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y al comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para alertar del retroceso que supone la eliminación del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y del Tribunal Sancionador.
La Asamblea Legislativa disolvió el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), y que las funciones de estos pasen al Instituto Administrador de Beneficios de Veteranos y Excombatientes (INABVE), sin consultar a las personas afectadas.
En la misiva, Ortiz expresó su “profunda preocupación” ante la ley de disolución del CONAIPD. A juicio de la parlamentaria, “dicho proyecto (ley) amenaza con desmantelar los mecanismos nacionales de implementación y monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), comprometiendo gravemente los limitados avances institucionales alcanzados a la fecha”.
La opositora argumentó que el 11 de noviembre de 2025, el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de «Ley de Disolución, Liquidación y Traslado de Funciones del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad» en el cual se solicita la eliminación total del Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD), el traslado de sus funciones al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE) y la derogatoria de los artículos 103 al 107 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad que establecen la creación y funcionamiento del Tribunal Sancionador encargado de sancionar en sede administrativa las violaciones a los derechos establecidos en la ley.
La Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad entró en vigor en enero de 2021, mientras que “las disposiciones relativas al Tribunal Sancionador (artículos 103 al 131), nunca se aplicaron debido a siete prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa que impidieron su entrada en vigencia”.
A juicio de la legisladora estas prórrogas se realizaron vía dispensa de trámite “sin justificación técnica ni participación de las personas con discapacidad o las organizaciones que les representan, contraviniendo el artículo 4.3 de la Convención”.
“A pesar de que la última prórroga extendía la entrada en vigor del Tribunal Sancionador hasta enero de 2026, la nueva reforma pretende impedir definitivamente la existencia de tal entidad. Este acto constituye un retroceso grave en la implementación de la CRPD, especialmente en lo relativo a los artículos 5.2 y 33, que obliga a los Estados Partes a garantizar la protección legal efectiva contra la discriminación y a mantener mecanismos nacionales independientes para la promoción, protección y monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad”, explicó Ortiz.
Con la disolución del CONAIPD, “El Salvador queda sin órgano rector ni mecanismo sancionador especializados; debilitando aún más la rectoría para avanzar en políticas públicas de inclusión real y manteniendo a las personas con discapacidad en una situación de desprotección frente a actos de discriminación”, explicó Ortiz.
Además, la decisión de disolución “contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos, también establecido en el artículo 4.2 de la Convención, ya que en lugar de legislar progresivamente para ampliar derechos, el efecto práctico es obstaculizar su ejercicio”.
La legisladora recordó que en octubre de 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus observaciones finales fue enfático en la persistencia de regímenes de interdicción y restricciones a la capacidad jurídica, la falta de recursos adecuados para políticas de inclusión, prácticas coercitivas en instituciones de salud mental, rezagos en educación inclusiva y accesibilidad, ausencia de datos confiables y la falta de participación política efectiva de las personas con discapacidad, entre otros aspectos.
Estas observaciones, a criterio de Claudia Ortiz, subrayan que en 2019 la institucionalidad “ya era insuficiente” y requería fortalecimiento y aunque la Ley Especial de Inclusión fue promulgada, “el Estado salvadoreño no ha garantizado su normal funcionamiento y, por lo tanto, la falta de progresos persiste”.
Es, en tanto, la eliminación del CONAIPD y del Tribunal Sancionador “constituiría un retroceso grave frente a las recomendaciones emitidas por este Comité y el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño en materia de derechos de las personas con discapacidad”.
Ortiz solicitó al Comité estar al tanto de la situación descrita y considerarla en el marco de su procedimiento de seguimiento y que solicite información al Estado salvadoreño sobre las medidas adoptadas y la compatibilidad de la reforma con los artículos 4, 5.2, 13 y 33 de la Convención.
La diputada pidió al Comité que exhorte al Estado salvadoreño a suspender toda medida regresiva que elimine los mecanismos institucionales de implementación la Convención y de sanción a la discriminación de las personas con discapacidad en cualquier proceso de reforma legal.
