Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado en el que expresan “su rechazo al ejercicio abusivo del poder por parte del Ministerio Público (MP) de Guatemala, con fines político-electorales y la criminalización”.
Ambos organismos de derechos humanos de la región reiteran que las incesantes acciones e injerencias indebidas están atentando contra el “orden democrático” , así como para el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de libertades civiles y políticas en el vecino país.
Igualmente, criticaron las acciones del MP, que el 16 de noviembre anunció la apertura de una investigación por hechos relacionados con las movilizaciones estudiantiles y la ocupación de la Universidad San Carlos (USAC), ocurridas el 19 de mayo de 2002 y 9 de junio de 2023, y que la comunidad universitaria denunció irregularidades en el proceso de elección del rector del centro de estudios superiores.
El Ministerio Público de Guatemala informó que la USAC tuvo un daño de 90 millones de quetzales en su infraestructura, y justificó que el objeto real de la toma del campus universitario obedecía a la “para postular y apuntalar a personas candidatas de partidos políticos a los máximos cargos de elección popular, presidente, vicepresidente y diputados del Congreso”.
La CIDH y la RELE detallaron que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y el Minsisterio Público expidieron órdenes de allanamiento y 27 de aprehensión en contra de líderes, lideresas universitarias, personal académico, al exprocurador de DDHH, Jordan Rodas, entre otros líderes comunitarios bajo el cargo de “usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales y asociaciones ilícitas”.
Sobre estas acciones del MP, los organismo de derechos humanos, señalaron que hasta el 16 de noviembre cinco personas fueron detenidas. Además presentaron solicitudes de retiro de la inmunidad de cinco diputados integrantes de los partidos políticos Semilla, VOS y Winaq, así como contra el presidente electo Bernardo Arévalo y Karin Herrera, vicepresidenta electa, por los pronunciamientos sobre la toma de la USAC.
“La CIDH advierte con preocupación que la solicitud del retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos ocurre en un contexto ampliamente documentado sobre reiteradas acciones e injerencias del MP en las elecciones generales y en el proceso de transición mediante la instrumentalización del derecho penal”, observaron.
“Alertamos sobre el riesgo de dichas injerencias respecto de la toma de posesión del presidente electo, conforme la voluntad soberana expresada en las urnas, lo que socava gravemente el principio de separación de poderes y profundiza la inestabilidad política en Guatemala”, enfatizaron.
Asimismo, retomaron la postura expresada por la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que manifestó que el Ministerio Público de Guatemala ha tomado acciones de “carácter político que distorsionan el proceso electoral”, y enfatiza que esto puede afectar el resultado del mismo y expresan su preocupación por lo que consideran un comportamiento “improcedente e inaceptable” para un sistema político democrático.
En cuanto al respeto de los derechos humanos, la CIDH y su RELE manifiestan que el acceso al poder y el ejercicio de sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres y justas es a través del voto universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. Mientras la separación e independencia de los poderes públicos constituyen elementos esenciales de la democracia representativa, reconocido por la Carta Democrática de la CIDH y de la cuál es firmante Guatemala.
“La CIDH y RELE reiteramos el llamado a cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población, y de esta forma cumplir con las obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana y al Estado de Guatemala respetar el proceso de transición presidencial”, puntualizan.
