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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
“Cuesta ganarse la vida”, expresó Ana María, de 93 años, quien vende sus canastas de artesanía de plástico en el corazón del San Salvador histórico, al frente un Bristo café, en donde espera paciente a los clientes.
“Recuerdo que a mi papá le pagan 3 pesos por ir a trabajar y recuerdo que le servía para comprar las raciones de pan, verduras, alguna carne y fruta. Yo no estudie, ¿quizás hubiera sido maestra, pero no pude porque no tengo pensión y por eso trabajo”, relató.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 1 de octubre, en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, resaltó la importancia de reconocer a esta población como “sujetos de derechos” y la obligación de los Estados miembros a “garantizar una vejez digna, autónoma y con seguridad social”.
A través de la OEA, la CIDH instó a los Estados a adherirse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
En El Salvador, de acuerdo a una investigación de la UNFPA y FUNDAUNGO, sobre las tendencias demográficas de la población adulta mayor, se espera que para el año 2025 este grupo etario represente el 12.6% del total de la población total. Lo que les llamó la atención por los pocos estudios demográficos en general.
La urgencia de un estudio demográfico sobre la población, dice el informe, se basa en el impacto en el sistema de jubilaciones que tiene que ser revisado a profundidad.
El sistema de Salud también se vería en los nuevos perfiles epidemiológicos y el sistema de atención social, como el cuido de los ancianos que por ahora, lo asumen las mujeres en los hogares.
Mientras, en el Parque Libertad, plaza conocida históricamente como el inicio del crecimiento de la ciudad capital, se encuentra Tránsito, de 78 años de edad, músico, quien toca el acordeón todos los días, en esta plaza pública.
“Aquí vengo todos los días, y con otros compañeros tocamos, hay gente que pide música cuando están aquí. Y, sí, no tengo pensión que me ayude y si cuesta ganarse el dinero, pero no hay otra forma”, expresó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, en un comunicado oficial, que los esfuerzos que vienen haciendo por la relevancia que tiene el respeto y garantía de los derechos de las personas mayores en las Américas y el Caribe, alcanza para ser señalada como “cuestión de orden público”.
“Los esfuerzos de la OEA también han sido patentes, al punto que en el 2015 adoptó la Convención sobre Personas Mayores, la misma que entró en vigor en 2017, y de la que son parte Argentina, Bolivia, Chile Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Surinam y Uruguay. Por lo que hacemos un llamado a su ratificación universal de la Convención”, expresó la CIDH.
Emilio Espín, coordinador de la Coalición por la Dignidad de las Personas Mayores (CDPM), ha reconocido que si bien existían “buenas legislaciones conquistadas” de organismos internacionales y nacionales, estas no se reflejaban en la realidad de vida de las personas adultas mayores.
Espín ha reiterado en diversos espacios que se necesita de una normativa que impulse un modelo integral de atención a las personas adultas mayores con “enfoque geronto-geriátrico”. Y con el tema de la salud, ha considerado que es la “más grave realidad” porque sólo se cuenta con 17 geriatras en todo el país, y una población arriba de los 200 mil personas.
La CIDH reiteró en la labor de defensa y promoción de los derechos de las personas mayores, adoptada en su primer informe temático sobre “Derechos Humanos de Personas Mayores y Sistemas Nacionales de Protección”, en el que aborda y señala las obligaciones de los Estados de garantizar ambos sistemas.
La erradicación de la discriminación por edad (edadismo) y la generación de información que permita adoptar acertadas decisiones en políticas públicas para la protección adecuada de los derechos de las personas mayores con base en evidencia es aún un reto pendiente en la región, reconoció la CIDH.
“EL nuevo enfoque en la protección integral de las personas mayores y el aumento demográfico de este grupo coloca una mayor presión en las demandas sobre los sistemas de seguridad social y salud. Esto conlleva desafíos para los Estados, a fin de garantizar el disfrute efectivo de los derechos de esta población”, reafirmó la CIDH.
