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“Disposiciones del régimen de excepción y otras medidas para la lucha contra la criminalidad organizada, están siendo aplicadas a situaciones no relacionadas con los motivos para su implementación”
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por la prolongación indefinida y la indebida aplicación del régimen de excepción en El Salvador, luego de más de 3 años de vigencia, por lo que insta al Estado adoptar otras medidas para su terminación.
El pasado 31 de julio la Asamblea Legislativa aprobó la 41ª prórroga del régimen de excepción, en esta ocasión con vigencia hasta el 2 de septiembre de este año, bajo la justificación de contrarrestar la violencia ocasionada por las pandillas; en particular, sostener las acciones operativas idóneas, garantizar la seguridad frente a las organizaciones criminales y permitir a la Fiscalía General de la República (FGR) que ejerza las acciones penales correspondientes.
La CIDH señaló que disposiciones del régimen de excepción y otras medidas para la lucha contra la criminalidad organizada, están siendo aplicadas a situaciones que no guardan relación con los motivos alegados por el Estado para su implementación.
En su Informe sobre el Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador publicado en 2024, la CIDH tuvo en cuenta el descenso significativo en los índices de violencia reportados por el Estado, e indicó que no observaba la situación de emergencia requerida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para mantener derechos suspendidos en el país. Asimismo, las garantías judiciales indispensables, no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia.
Durante estos tres años, más de 88 mil personas han sido detenidas en la vigencia del estado de excepción desde marzo de 2022.
Organizaciones de la sociedad civil han informado sobre un aproximado de 7 mil casos documentados de violaciones de derechos humanos en ese contexto, que incluyen detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, la muerte de más de 400 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado, violaciones múltiples en el acceso a la justicia, entre otros.
Recientemente, la CIDH se pronunció sobre casos de personas defensoras de derechos humanos detenidas en 2025, entre ellas Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala, a quienes se les aplicó los plazos extendidos de control judicial de sus detenciones; imponiéndoles prisión provisional sin considerar las particularidades de sus circunstancias, actualmente están incomunicadas y con los procesos bajo reserva.
“Se recibió información sobre la incomunicación de personas salvadoreñas y de otras nacionalidades que están o estuvieron detenidas en el país tras haber sido deportadas o expulsadas a El Salvador en el transcurso de este año”, indicó la CIDH.
Asimismo, reiteró que en la audiencia pública del 193 Periodo de Sesiones, organizaciones de la sociedad civil señalaron que el sistema penal del país está siendo usado de manera indebida, lo que agrava frente a las afectaciones a la independencia del Órgano Judicial y del Ministerio Público denunciadas desde 2021, y la aprobación de reformas legales regresivas en los últimos cuatro años.
Asimismo, argumentaron que la criminalización de personas defensoras y de periodistas, sumada al incremento del acoso, hostigamiento y violencia de las que son objeto, y a la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, ha generado un efecto intimidatorio en el ejercicio de sus labores, restringiendo el espacio cívico y provocando el exilio de decenas de personas y el cierre de organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, el Estado de El Salvador rechazó categóricamente las afirmaciones sobre los supuestos casos de violaciones a los derechos humanos, señalando que no han sido corroboradas por ningún mecanismo internacional de protección de derechos humanos.
Además, afirmó que el régimen de excepción se ha desarrollado, dentro del marco constitucional y bajo supervisión institucional, como respuesta legítima estatal frente a una situación extraordinaria de violencia y criminalidad a escala nacional, que vulneró gravemente los derechos fundamentales de la población.
El Estado indicó haber proporcionado información sobre los casos debidamente solicitados y lamentó la mención pública de los casos de personas defensoras previa a la emisión de resolución oficial sobre las solicitudes de medidas cautelares relacionadas.
La CIDH llamó al Estado a cumplir con su obligación de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas, y abstenerse de aplicar medidas excepcionales restrictivas a los derechos humanos a situaciones ajenas a las estrictamente justificadas bajo estándares internacionales.
Asimismo, recomendó poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en régimen de excepción, así como elaborar e implementar una política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias, con enfoque en derechos humanos.
