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Por Ramon Sahmkov/Washington/AFP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en un informe la detención automática de migrantes clandestinos en Estados Unidos, cure physician alertando que la situación constituye una «crisis de refugiados» de carácter regional.
En un informe de 148 páginas «sobre refugiados y migrantes en Estados Unidos», sickness la CIDH, un órgano autónomo de la OEA, pidió al gobierno «poner fin a su práctica de la detención automática y arbitraria de familias».
Los inmigrantes detenidos deben ser casos «excepcionales», añadió.
Un año después de un masivo flujo migratorio proveniente principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, que el presidente Barack Obama calificó de «crisis humanitaria», la Comisión denunció la desprotección de los indocumentados al llegar a Estados Unidos, señalando que muchos corren peligro al regresar a sus países.
Debido a que funcionarios estadounidense han tomado «medidas insuficientes» para evaluar peticiones de asilo, familias fueron colocadas en procedimientos de «deportación expedita» o niños mexicanos fueron devueltos inmediatamente a su país, denunció el relator de la CIDH para Migrantes, Felipe González.
«Ésta es principalmente una crisis de refugiados y debe ser enfocada como tal de acuerdo a las obligaciones internacionales en derechos humanos», señaló la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, al presentar el informe en la sede del organismo en Washington.
Es una crisis «de naturaleza regional» y «debe haber colaboración regional» para atacar los factores subyacentes que empujan esa migración, añadió.
Los esfuerzos por asegurar la frontera suroeste de Estados Unidos no serán suficientes para controlar el flujo.
«Más bien, corresponde abordar en forma integral los factores subyacentes que generan las crisis: (…) la pobreza, la desigualdad económica y de género, la discriminación multisectorial, y los altos niveles de violencia en El Salvador, Guatemala, Honduras y México», concluyó la Comisión.
Un plan estadounidense de 1.000 millones de dólares en ayuda social, económica y de seguridad para contrarrestar las causas de la emigración en Centroamérica está bloqueado en el Congreso, pero los gobiernos de la región se han comprometido con iniciativas unilaterales.
«Máxima atención»
La directora adjunta sobre Inmigración del Departamento estadounidense de Seguridad Interior, Mary Giovagnoli, dijo que aun no había leído detalladamente el informe pero se comprometió a tomar «muy seriamente» sus recomendaciones.
Giovagnoli evitó referirse a una «crisis de refugiados» y matizó que se trata de una «crisis humanitaria».
«Una crisis humanitaria abarca incluso más que una crisis de refugiados, reconoce que la variedad de cosas que están pasando en la región centroamericana y más allá requieren de la máxima atención posible», dijo.
Según la funcionaria, se trata de «uno de esos temas en los que a medida que el pensamiento del gobierno evoluciona, a veces el lenguaje cambia para capturar ese matiz».
Pero «una respuesta humanitaria necesariamente va a incluir un robusto enfoque sobre protección y temas de refugiados», afirmó.
No obstante, asumir a los migrantes como refugiados cargaría «obligaciones internacionales más altas» para Estados Unidos, que no podría deportarlos, dijo a periodistas un experto en migración de la CIDH.
Entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, decenas de miles de personas -incluyendo más de 68.000 menores-, principalmente provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron aprehendidos por la patrulla fronteriza estadounidense.
Huyendo de la pobreza, pero también de la violencia criminal de sus países, muchos terminaron en centros de detención de las autoridades migratorias ICE.
Un año después de visitar el centro de detención de Karnes (Texas, sur), la CIDH criticó duramente en su informe las condiciones de reclusión «punitivas y de naturaleza carcelaria», incluyendo reportes de abusos físicos y sexuales contra mujeres y niños.
«Tomamos (las denuncias) muy seriamente», señaló Giovagnoli.
El secretario estadounidense de Seguridad Interior, Jeh Johnson, anunció reformas en junio para flexibilizar las condiciones de detención, aunque el gobierno insiste en seguir ampliando estas instalaciones.
