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Instituciones civiles se unieron para pronunciarse ante las investigaciones de casos de posible corrupción en el manejo de fondos de la emergencia por la pandemia COVID-19 por parte del Órgano Ejecutivo. Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya

CICIES puede tener un rol importante en el país, dicen asociaciones civiles

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Instituciones civiles se unieron para pronunciarse ante las investigaciones de casos de posible corrupción en el manejo de fondos de la emergencia por la pandemia COVID-19 por parte del Órgano Ejecutivo. Además, cuestionaron el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Las entidades civiles que conformaron este criterio son: Asociación Azul Originario, Los Siempre Sospechosos de Todo, Transparencia Contraloría Social Datos Abiertos, Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador y Cristosal.

Uno de los análisis hechos por estas instituciones es sobre el actuar de la Policía Nacional Civil (PNC) en los últimos días, referida a la obstaculización que ha hecho contra el trabajo de la Fiscalía General de la República en el allanamiento del Ministerio de Salud.

Abraham Ábrego señaló que estas acciones no son legales y desnaturaliza su rol constitucional. “El rol de la Policía Nacional Civil, según la Constitución, es ser colaboradora en un proceso penal”.

Además, agregó que el rol de la Fiscalía es la dirección de la investigación y los procesos penales.

Los señalamientos de funcionarios del Ejecutivo hechos esta semana por los allanamientos en las oficinas centrales del Ministerio de Salud, por el actuar de la FGR al allanar de “forma abrupta”, las asociaciones les responden que “estas deben de canalizarse a través de los mecanismos establecidos por la ley, pero nunca utilizarse como justificación de obstaculización a la Policía Nacional Civil.

Por otra parte, estas asociaciones de la sociedad civil manifestaron que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES), en conjunto con la Organización Estados Americanos (OEA), revela su enorme potencial para el combate a la corrupción, al decir las posibles irregularidades que el MINSAL esté cometiendo en el manejo de los fondos de la pandemia.

La CICIES estuvo en silencio durante este tiempo, pero por primera vez esta institución actúa y avisa a la Fiscalía General de la República para que sea ella la que investigue las irregularidades.

Para el representante de Cristosal, Abraham Ábrego, “la CICIES puede jugar un papel más decisivo en el combate a la corrupción a pesar de las limitaciones”. Se espera que esta entidad anticorrupción “sea más transparente en cuanto a la colaboración con la FGR”, dijo Ábrego.

Hay que recordar que esta comisión se implementó en convenio entre el Órgano Ejecutivo y la OEA, por ello estas asociaciones civiles instaban que existiera un marco regulatorio establecido.

En julio de este año las organizaciones presentaron un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa que buscaba un acuerdo del Estado de El Salvador con la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y eso hubiese sido diferente al actuar de la CICIES actual que es con la OEA.

Además, en este proyecto de ley se buscaba una Independencia real de la CICIES. Que no funcione en relación de acuerdos bilaterales CICIES-entidades estatales, ya que, en estos momentos la comisión no tiene la facultad de determinar qué hechos va a investigar, cuáles no va a investigar y cómo las va a investigar. “CICIES no es independiente de decir, quiero buscar esta investigación, quiero acceder a esta información o quiero investigar tal hecho, porque depende exclusivamente de lo que el fiscal le diga”, afirmó Gilberto Calderón, de la Asociación Azul Originario.

La comisión anticorrupción cuenta con un presupuesto nacional, “por eso tenemos derecho a saber cómo se invierte el dinero público”, argumentó por su parte Gilberto Calderón.

Para finalizar, las asociaciones exhortaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa que se analice su propuesta. Asimismo, demandan del Órgano Ejecutivo que honre su obligación de transparencia y respeto al Estado de Derecho en El Salvador.

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