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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) difundió su pronunciamiento oficial a 38 años de la Masacre de El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz, poblados del municipio de Meanguera, departamento de Morazán, que fue perpetrada por el batallón Atlacatl, en combinación con diversas guarniciones militares, entre el 10 al 13 de diciembre de 1981.
“El Estado salvadoreño no ha cumplido aún con el juzgamiento y sanción de los responsables, el pleno reconocimiento e indemnización de la totalidad de las víctimas, la identificación y entrega de osamentas, entre otras reparaciones ordenadas”, reafirmó CEJIL, que trabaja junto a Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” en busca de justicia para las víctimas.
CEJIL es una organización regional no gubernamental sin fines de lucro que protege los derechos humanos en América, a través del derecho internacional de derechos humanos, con la visión de construir un “hemisferio completamente democrático”, en donde prevalezca la dignidad de cada individuo. Asimismo, utiliza el litigio estratégico y aboga ante el Sistema Americano de Derechos Humanos y responde a las demandas de los pueblos en la región.
En su manifiesto señaló que, a siete años de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado salvadoreño “arrastra deudas históricas”, al referirse a las medidas de reparación que le fueron exigidas por este alto tribunal de justicia.
Asimismo, llamaron la atención y expresaron su preocupación por las intenciones de la Asamblea Legislativa de promulgar una Ley de Reconciliación Nacional, alejada de los estándares del derecho internacional, luego de que la Sala de lo Constitucional (2016) ordenó derogar la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, de 1993, creada luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
“Hay algunos avances; sin embargo, esos logros alcanzados, como la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General y el avance del proceso penal reabierto (Masacre El Mozote y sitios aledaños), tras su derogación, podrían desvanecerse si la Asamblea Legislativa termina por aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que perpetúe la impunidad para los responsables de la masacre”, manifiestan.
Asimismo, sugirieron a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa a respetar, ante todo, los derechos de las víctimas y cumplir con sus obligaciones internacionales de Estado. Asimismo, invitó a la comunidad local e internacional a estar pendientes de este proceso legislativo, para que sea cumplido a brevedad y no pasar la fecha del 28 de febrero de 2020.
“Frente a esta amenaza, recordamos que a la fecha ninguna persona ha sido sancionada por estos hechos. Actualmente, dieciocho miembros de las Fuerzas Armadas son imputados en el proceso judicial que se encuentra en etapa de instrucción, dentro del cual se han presentado obstáculos, como la negativa del Ministerio de Defensa de reconocer la existencia de archivos militares y dar acceso a información que resulta clave en el juicio”, aseveraron.
Sobre los derechos de las víctimas y sobrevivientes, CEJIL fue enfático en señalar que el cumplimiento de medidas de la sentencia de la Corte IDH es de naturaleza “urgente”, para que obtengan una reparación integral, y denunciaron las fallas y demora en el proceso de entregas de osamentas del Instituto de Medicina Legal (IML), que además no resguardó adecuadamente pruebas de ADN de familiares para identificar los restos, echándolos a perder.
“En este sentido demandamos que se entreguen a la brevedad los restos que tienen en custodia desde el año 2016, y se abstengan de revictimizar a las familias solicitando nuevas muestras debido al resguardo indebido. Finalmente, reclamamos la inacción del Estado para garantizar el pleno funcionamiento del Registro Único de Víctimas, especialmente en la incorporación de aquellas que han presentado problemas con documentos de identidad y parentesco, a quienes no se ha otorgado indemnización. Y señalamos la falta de atención que garanticen el retorno de las personas desplazadas, a causa de las masacres, e instamos a avanzar e implementar el Plan de Desarrollo Comunitario, en donde participen las víctimas y sus representantes”, sostuvieron.
