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Por Leonel Herrera*
El desempeño del sistema de justicia, cooptado y controlado por el oficialismo, se caracteriza por las irregularidades en la mayoría de casos que procesa. El de los líderes comunitarios de Santa Marta es emblemático por la falta de pruebas y la larga lista de abusos que he comentado en columnas anteriores.
Ahora me refiero a un caso de otro tipo, muy distinto; pero también plagado de anomalías. Es el llamado “Saqueo Público”, donde están procesados varios ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes y ex empleados de Casa Presidencial durante varias administraciones del Ejecutivo.
Este caso fue un “atarrayazo” indiscriminado realizado en 2018, por el entonces fiscal Douglas Meléndez, quien se llevó de encuentro a justos y pecadores: a ex funcionarios probablemente vinculados a actos corrupción en el uso de fondos reservados y a trabajadores administrativos que solamente ejecutaban las órdenes que recibían de sus superiores.
En este caso hay también acusaciones sin pruebas, detenciones arbitrarias, tipificación incorrecta de delitos, extensión ilegal de plazos procesales y otras anomalías cometidas por Fiscalía y juzgados involucrados que violentan gravemente aspectos elementales del debido proceso penal.
Sin embargo, hay un detalle que llama particularmente la atención: el ex secretario privado de la presidencia Francisco “Chico” Cáceres es “testigo criteriado” por la Fiscalía, contra varios ex empleados que actuaron bajo sus órdenes y contra otros ex funcionarios jerárquicamente en su mismo nivel pero administrativamente dependientes de sus decisiones financieras. Según medios periodísticos, Cáceres declaró la semana pasada en la vista pública que se realiza en un juzgado de sentencia de San Salvador, extrañamente con muy poca cobertura mediática.
Al respecto, vale señalar que -en la estructura organizativa de la presidencia de la república- el secretario privado depende directamente del presidente y es el administrador de todos los recursos financieros de Casa Presidencial. Por tanto, si hubo corrupción en el manejo de los fondos reservados, el principal responsable sería el secretario privado, con la venia o no del presidente.
En tal sentido, la Fiscalía podría criteriar como testigo a Francisco Cáceres sólo para acusar al ex presidente Funes, de quien recibía instrucciones y presuntamente avalaba sus actuaciones; pero no contra otros ex funcionarios que administrativamente dependían de él y mucho menos contra ex empleados que estaban jerárquicamente abajo y actuaban cumpliendo sus órdenes.
A manera de comparación, podría decirse: que el ex administrador de Casa Presidencial testifique contra ex contadores, pagadores y otros ex trabajadores de dicha institución, es como si -para condenar a los distribuidores del narcomenudeo- la Fiscalía decidiera criteriar al jefe del cártel de la droga. Por eso, además de ilógico e ilegal, también es curioso y sospechoso que “Chico Cáceres” sea testigo y no imputado en el caso “Saqueo Público”.
Entonces, surge la duda sobre qué hay detrás de la decisión de la Fiscalía de criteriar a Cáceres y -más aún- por qué los jueces lo aceptaron como testigo. Cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que se trata de una más de las anomalías a la carta del sistema judicial del país (Fiscalía y tribunales): falta de pruebas, irrespeto al debido proceso y violaciones a derechos humanos.
Éstas y otras irregularidades hacen pensar que muchos procesos judiciales donde se procesa a ex funcionarios de gobiernos anteriores (o personas vinculadas a la oposición política), son -en realidad- actos de persecución, represalias o venganza. Podría tratarse, incluso, de una perversa estrategia propagandística que sólo busca hacer creer falsamente a la población que se hace justicia y se combate la corrupción.
*Periodista y activista social.
