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Gloria Silvia Orellana
@Gloria Colatino
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, junto a miembros del Center for Justice and International Law-CEJIL, sostendrán esta mañana una reunión de trabajo con Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de revisar las medidas incumplidas por el Estado salvadoreño desde el año 2000, en el caso de la sentencia por el asesinato de monseñor Oscar Romero.
El crimen del arzobispo de San Salvador ocurrió el 24 de marzo de l980, mientras oficiaba una misa en la Capilla del Hospital Divina Providencia, que atiende a PACIENTES desahuciados por con cáncer.
El caso fue investigado y documentado por la Comisión de la Verdad, y está en el capítulo de los asesinatos de los Escuadrones de la Muerte, en los que están involucrados el exmayor Roberto d’ Abuisson, los capitanes Álvaro Saravia, Eduardo Ávila, así como, Fernando Sagrera, Mario Molina (hijo del expresidente Arturo Armando Molina) y Amado Garay, motorista que llevó al sicario.
En la reunión se evaluarán las medidas incumplidas como: los homenajes a Roberto d´Abuisson, como un obelisco y conmemoraciones que se encuentra en el municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Asimismo, la creación de un monumento al ahora santo, Oscar Arnulfo Romero, y realizar la investigación judicial completa; el pago de una justa indemnización y adecuación de la legislación nacional a la Convención Americana. El pasado 14 de agosto, en vísperas del natalicio de monseñor Oscar Romero, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, junto a organizaciones de derechos humanos y memoria histórica, entregó un escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, para solicitar una revisión y ejecución de las medidas de reparación pendientes en la sentencia que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de abril del año 2000.
La sentencia exige al Estado salvadoreño hacer justicia y reparar los daños por el magnicidio de san Oscar Arnulfo Romero, no obstante, un mes y días después, no se ha obtenido ninguna respuesta por parte de esta Cartera de Estado, en un abierto desacato a la jurisdicción judicial.
