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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Sara García, a cargo de la Comisión de Alianzas e Incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, realizó el foro “Caso Manuela versus El Salvador y sus implicaciones para la garantía de los derechos de las mujeres”.
“Nuestra organización ha acompañado el proceso judicial de Manuela, desde el año 2011 y actualmente el caso se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y de esto se trata la actividad: de actualizar la situación y profundizar los aspectos que llevaron esta historia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, explicó García.
Manuela recibió tratos crueles y degradantes, señaló al contextualizar la situación que viven las mujeres salvadoreñas, la mayoría de extracción rural y pobreza con la penalización absoluta del aborto.
“Manuela fue atendida en un hospital por una emergencias obstétrica, fue denunciada por aborto -por personal de salud- y condenada a 30 años de cárcel y fue hasta que ya estaba privada de libertad que se dieron cuenta que padecía de un cáncer linfático. Y ella falleció en el año 2010, en el Pabellón de Reos del Hospital Rosales, lejos de su familia y dejando dos hijos en orfandad”, reseñó.
En ese contexto, el caso de Manuela hace referencia a la vulneración de derechos humanos desde una institucionalidad que le dio tratos inadecuados como paciente, que le asignó diferentes estereotipos de género por parte del personal médico y de la Policía Nacional Civil, sumándole un proceso penal con “irregularidades evidentes”, siendo condenada por homicidio agravado.
“En este marco, nosotros estamos dando a conocer los argumentos jurídicos y la importancia que tienen estos procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el país. Nosotras estamos esperando el fallo en el último trimestre del presente año y esperamos que contenga medidas de no repetición, que se pueda modificar la penalización absoluta del aborto, que se pueda generar cambios en el secreto profesional y la eliminación de los estereotipos de género en los procesos judiciales”, agregó.
El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso de Manuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, litigio que inició en el año 2012. Y fue en octubre de 2019 que la CIDH decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al considerar que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos el derecho a la vida, la salud y la protección de las garantías de judiciales.
“Esto está pasando en el país, mujeres criminalizadas como Manuela, Sara, Teodora y otras mujeres que han enfrentado esta realidad. Y que nosotras estamos acompañando a un total de 18 mujeres que están en estos procesos y son hechos sistemáticos y que no son casos aislados. Uno de los elementos que planteamos ante el proceso del Sistema Interamericano de parte de una perita en género pudo establecer que se trata de una discriminación de género interseccional”, señaló.
Porque “la discriminación que enfrentó Manuela y otras afectadas, no solo ocurre por el hecho de ser mujeres sino también por ser jóvenes, vivir en situación de pobreza, por ser de la zona rural, por no contar con acceso a la información y no haber tenido acceso a un Sistema de Salud”, manifestó García.
Sobre la decisión de la nueva legislatura dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, de enviar a archivo cientos de anteproyectos de ley, García consideró que la situación era “difícil” porque evidenciaba la falta de voluntad política con la nueva conformación de la Asamblea Legislativa. “Mandar a archivo el anteproyecto de Ley de las Cuatro Causales que abordan temas tan centrales y básicos como la vida y salud de las mujeres fue simplemente archivado sin estudio, debate ni tan siquiera leer esa propuesta. Y por lo contrario, hemos visto un interés de este Gobierno de la militarización -aunque siempre ha habido esa tendencia-, la persecución de las personas defensoras de derechos humanos, al gremio de periodistas y sin respuesta a la seria violencia contra las mujeres, las desapariciones forzadas este es el contexto”, opinó.
Como país firmante de Convenios de Derechos Humanos, regionales o internacionales, Sara García consideró que era una situación grave, ya que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció el año pasado en la necesidad de modificar la legislación que penaliza de manera absoluta el aborto y sobre dar libertad inmediata a mujeres que han enfrentado emergencias obstétricas.
“Ante estas recomendaciones, el Estado salvadoreño desoye y genera una serie de procesos que no retoma lo que se está recomendando y no lo está tomando en este plano de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto preocupa porque cuando el fallo sea emitido por la Corte Interamericana no vayan a tomar una postura de falta de apertura o diálogo, sino que opten por la negativa y la invisibilización del tema, como ha sido hasta la actualidad”, señaló.
Asimismo, esperan las recomendaciones de Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y otras instancias que han planteado de manera directa la necesidad de despenalizar el aborto por las cuatro causales, aunque enfrentan una sociedad conservadora, de doble moral y que genera estigmas sobre las mujeres.
“Lamentamos este sistema machista, patriarcal y sobre todo misógino que difunden grupos que se autodenominan a favor de la vida, pero cuando se trata de la vida de las mujeres no les importa. Solo esperamos un fallo favorable y que el caso de Manuela sea resarcido en sus derechos”, puntualizó.
