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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El 4º Informe Situación de País 2022 y perspectiva 2023 presentado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia -OPP-UFG, señaló un fuerte aumento de la canasta básica en el año 2022, especialmente del área rural en un 19.5%, que significa $29.66 de incremento donde vive la mayor parte de las familias pobres del país.
En el área urbana la canasta básica subió $28.56, es decir 13.5%, en los últimos dos años aumentó 21.3%, que significa $42.23 . El Banco Central de Reserva (BCR) reportó el 12.8% de alza anual en alimentos y bebidas no alcohólicas, 8.3% artículos para el hogar, 8% recreación y cultura, 8.1% restaurantes y hoteles, y 9.9% en bienes y servicios diversos.
Según el estudio, los precios del frijol rojo y el maíz se mantuvieron altos debido a los bajos volúmenes de abastecimiento, generando incrementos mayores a los observados durante el período de pandemia; otros precios de alimentos producidos en El Salvador aumentaron por mayor costo de insumos y de transporte. El costo promedio de este grupo de alimentos se elevó 25.3% en el último año.
Las remesas familiares que aumentaron 26.6% durante 2021, disminuyeron su crecimiento a 3.2% en 2022, la menor tasa desde 2015 que de 2.8%, totalizando $7,742.0 millones; mientras en El Salvador las remesas crecieron 3.2%, en Guatemala aumentaron 17.9%, en Honduras 17.8% y Nicaragua 47.6%. Del total de remesas enviadas a El Salvador solo el 1.6%, alrededor de $124 millones se recibieron en monedas digitales.
Ante la situación nacional y mundial, el OPP-UFG sugirió contener la inflación para cuidar de los más desprotegidos, evitar el aumento de la pobreza y el descontento social; potenciar la oferta interna, asegurando la predictibilidad de las reglas y manteniendo subsidios e incentivos.
Asimismo, reducir el déficit comercial, mediante políticas que fomenten las exportaciones; atraer más inversión extranjera, ya que El Salvador tiene el menor ingreso de la región de C.A., Panamá y República Dominicana; contener el gasto público corriente para reducir déficit fiscal en 2 puntos del PIB, alrededor de 1.5% y elevar paulatinamente la reserva de liquidez hasta 20%, para que las instituciones financieras mantengan el respaldo por una buena gestión de sus recursos.
