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Redacción Nacionales
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Dorila Márquez recordó cómo junto a María del Rosario López, del caserío La Joya, municipio de Meanguera, y Margarita Chicas, del municipio de Arambala, territorio al Norte del departamento de Morazán, interpusieron su denuncia por la Masacre de El Mozote y sitios aledaños (1981) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora, 40 años después de ocurrido este crimen de Lesa Humanidad, las víctimas aún no han obtenido la pronta y cumplida justicia por parte del Estado salvadoreño, pese a ser firmante de Convenios de Derechos Humanos ante la Comunidad Internacional.
“Ya tanto tiempo de lucha y esfuerzos por ver la justicia contra quienes nos quitaron a nuestros familiares injustamente. Y cuando ya estábamos cerca de obtener justicia hacen esto. Es una verdadera injusticia no solo para la masacre de El Mozote, sino para todas las víctimas de otras masacres”.
Las organizaciones de derechos humanos y académicas que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador y el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones rechazaron las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por considerar que obstaculizará la persecución de Crímenes de la Guerra Civil salvadoreña.
“La Masacre de El Mozote y sitios aledaños abrió la brecha para que las demás víctimas denuncien otras masacres, y hoy con lo que está pasando, estoy muy triste, todavía me da escalofríos y nervios, porque ya estábamos en la etapa final, y ahora este retroceso”, afirmó Márquez.
Sobre el trabajo del Juez de Instrucción Jorge Guzmán, quien ordenó reabrir el caso de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, en septiembre de 2016, luego de derogarse la Ley de Amnistía, decretada por la Asamblea Legislativa en 1994 y aplicada por la Corte Suprema de Justicia.
“Como lo he dicho en otras ocasiones, el Juez Guzmán ha sido una persona imparcial, no tiene preferencias con las víctimas -como dicen- Y ha tratado bien a los militares y sus defensores, pero nos entristece este cambio, que la Asamblea Legislativa dice que por corruptos y eso no es cierto, porque hay jueces buenos y honrados”.“El Juez Guzmán ha sido respetuoso de la ley, estábamos cerca de obtener justicia y lo quitan. Y no es que hagamos menos a los jueces nuevos, pero ellos no son conocedores de todo este pasado”, expresó Márquez.
Las reformas a la carrera judicial y ley orgánica de la Fiscalía, que impulsa el Ejecutivo, a través del partido Nuevas Ideas, en la Asamblea Legislativa, era un “golpe mortal“ a la independencia judicial, agregó Márquez.
Estas reformas expulsarán masivamente a un tercio de los actuales jueces, juezas y fiscales de carrera que hayan cumplido los 60 años, o tengan 30 años de servicio. Lo que violenta la Constitución de la República y los Tratados Internacionales ratificados por el Estado salvadoreño.
David Morales, coordinador de Justicia Transicional de Cristosal, señaló que este intento de reformas deben “definitivamente ser derogadas”, al considerar que estas se dan luego de consolidar una Corte Suprema de Justicia sometida al poder del Ejecutivo, y destituir a la mayoría de jueces y juezas en el país.
“No es una Corte Suprema de Justicia, independiente, sino que seleccionará a los jueces que podrían quedar en el régimen de disponibilidad, podrían después ser trasladados o destituidos”, agregó.
“Y si un juez lleva un caso relevante y se le mantiene durante el proceso, y una vez concluido, también podría ser echado a la calle. Mientras, los que se quedan bajo ese régimen siempre estarán bajo la amenaza de despido y con su independencia totalmente vulnerada”, afirmó Morales.
Sobre la postura del Juez de Instrucción, Jorge Guzmán, que lleva el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, expresaron su apoyo a la decisión de exigir la restitución a todos los jueces en su dignidad y saber bajo que condiciones permanecería en el sistema judicial.
“La postura que ha adoptado el Juez Guzmán, sobre este tema es correcta y precisamente en un comunicado público hecho ayer la Asociación Promotora de Derechos Humanos le ha respaldado en esa posición”, añadió.
“Porque toda la independencia judicial estaría socavada y también, podrían expulsar magistrados de Cámara, tenemos una nueva Sala de lo Penal, una nueva Sala de lo Constitucional que responde a las órdenes del presidente (Nayib Bukele) o de quienes los nombraron, entonces, la independencia judicial está en situación grave y esta reforma termina de desmoronarla”, indicó Morales.
Sonia Rubio, abogada especialista en derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso, agregó que la gravedad de ese “régimen de disponibilidad” estaría quitándole el estatus al Juez, en su protección judicial”, y la independencia para impartir justicia, su estabilidad y protección a amenazas.
