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Guillermo Alvarado
Uno de los últimos sainetes de la política guatemalteca, drugstore donde la crisis institucional abarca también a la administración de justicia, sick es el trabajoso intento para juzgar al ex dictador Efraín Ríos Montt, diagnosis acusado de genocidio contra la población indígena perpetrado en los primeros años de la década del 80 del siglo pasado.
A pesar de la abundante documentación sobre los bombardeos y exterminio de poblados enteros en la llamada área Ixil, en el noroccidental departamento de Quiché, los abogados del militar, no pocas veces en contubernio con magistrados, han logrado evitar que se haga justicia en este caso.
La última de las maniobras fue conseguir un dictamen médico, según el cual Ríos Montt está enajenado mentalmente y por lo tanto es incapaz de enfrentar un proceso judicial o de comprender las acusaciones en su contra.
En el lenguaje coloquial guatemalteco, se trata ni más ni menos que de “hacerse el loco” para no enfrentar las responsabilidades por los graves hechos cometidos por el ejército durante el gobierno golpista del general, quien entre marzo de 1981 y agosto de 1982 puso en práctica las tácticas de tierra arrasada para evitar el apoyo de la población civil a la insurgencia.
Según las investigaciones paralelas realizadas por la ONU y la iglesia católica, en ese período murieron decenas de miles de civiles o tuvieron que refugiarse en la montaña o al otro lado de la frontera, en México.
Como jefe supremo del ejército, Ríos Montt es responsable directo de esos crímenes y, aunque fue procesado y condenado por ellos, la jueza Carol Flores, ahora investigada por enriquecimiento ilícito, anuló la sentencia y lo dejó en libertad, por lo que debe realizarse un nuevo juicio.
Esta semana los nuevos magistrados rechazaron el veredicto de enajenación y decidieron que el militar debe ser internado en un hospital psiquiátrico con el propósito de hacerle nuevos estudios, medida rechazada por los defensores del ex dictador, lo cual ha dado lugar a un estira y afloja interminable.
Mientras tanto el tiempo pasa y existe el temor de que la avanzada edad de Ríos Montt, 89 años, hará difícil presentarlo de nuevo ante la ley.
Esto es una muestra de los obstáculos para hacer justicia en uno de los conflictos armados más prolongados y sangrientos de nuestra región.
Entre 1960 y 1996 murieron cerca de 200 mil personas y otras 50 mil desaparecieron sin que el Estado haya hecho absolutamente nada por esclarecer las responsabilidades y sancionar a los culpables.
De manera inútil se ha pedido al Congreso de la República promulgar una ley para la búsqueda de los desaparecidos, cuyas familias siguen sin noticias de su paradero, o de las eventuales circunstancias de su muerte.
La falta de justicia es una de las causas que mantienen abiertas las heridas de la guerra y, sobre todo, de que casi 20 años después del fin del conflicto, la violencia sea un flagelo cotidiano en esa nación centroamericana.
