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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Pese a la advertencia de que vetaría el decreto número 728 de la Asamblea Legislativa sobre la reasignación de fondos por $197 millones 401 mil 355 dólares, la Presidencia de la República publicó el pasado 9 de septiembre el referido Decreto en el Diario Oficial, sancionado por el presidente Nayib Bukele.
Los fondos provienen de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo por $250 millones, y que fueron aprobados para el “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador”.
La aprobación de estos fondos generó gran controversia por parte de funcionarios de gobierno, incluyendo el presidente Bukele, ya que mostraron inconformidad por la asignación presupuestaria realizada por los diputados de la Asamblea Legislativa, al asignar $75 millones de dólares para los gobiernos municipales y otros $52 millones para el pago de atención a veteranos y excombatientes.
De igual manera, se le asignaron $15 millones 401 mil 355 dólares para el Hospital El Salador. Además, $55 millones como contrapartida para 36 proyectos que ejecuta el FOMILENIO II en El Salvador.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya llamó este decreto un “Adefesio”, al considerar que violaron la Constitución porque hicieron el trabajo que realiza la cartera de Gobierno con la reasignación de fondos. De igual manera, el presidente Bukele dijo que era una extorsión porque justificaban la entrega de fondos para FOMILENIO II a través de la entrega de fondos para las Alcaldías municipales.
“Saltaron cuando dijimos que la constitución necesitaba reformas. Pero ellos mismos la violan todos los días. Lo acaban de hacer, frente a todos, hace unos momentos. Y los autodenominados “defensores de la constitución” callados”, dijo el mandatario para justificar el veto que al final no realizó. Pese a las críticas, el decreto ya fue publicado en el Diario Oficial tomo 428 número 182 con fecha del miércoles 09 de septiembre de 2020. Del total otorgado por el BID solo el 79 % se ha asignado a la Ley General de Presupuesto del 2020, quedando pendiente alrededor de $53 millones por asignación por parte de los legisladores.
Extraoficialmente se conoció que el Gobierno sancionó dicho decreto, con la finalidad de defender la imagen de El Salvador ante la comunidad internacional y Estados Unidos, por los Fondos de FOMILENIO II.
