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Los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia enviaron una carta a Diego García- Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y abogados, en la que ponen en conocimiento sobre las graves violaciones a la independencia judicial ocurridas en El Salvador por funcionarios y autoridades del órgano Ejecutivo.
“Bukele invoca a desobediencia a las resoluciones judiciales, probando pronunciamientos deliberados contra las autoridades judiciales”, dice el escrito hecho público, recientemente.
En el escrito, firmado por al menos 13 magistrados y jueces, destaca diferentes ataques del Ejecutivo contra el Estado de Derecho y la independencia judicial.
Entre los ataques destaca el impedimento del Ministerio de Defensa para inspeccionar los archivos militares en relación a la masacre de El Mozote, solicitud enviada por el Juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, la cual fue ordenada y notificada con mucha antelación. Pero que el día programado con efectivos militares y bajo un cerco militar se impidió el ingreso, desatendiendo la orden judicial.
Los firmantes aseguran que se han agotado las instancias nacionales, para hacer el llamado al respeto y la independencia judicial, por lo que sostienen “solicitamos a usted se pronuncie sobre las graves afectaciones a la independencia judicial que continúa en escalada, la someta a la consideración del organismo que re representa y realice las indagaciones y tome las providencias pertinentes ante la peligrosas violaciones a una garantía establecida para la ciudadano de poseer magistrados y jueces independientes, como lo rigen los principios básicos de las naciones unidas sobre independencia judicial”.
Los juzgadores recuerdan que no puede argumentar la pandemia mundial para cumplir con las decisiones judiciales y que el accionar del presidente Nayib Bukele es una clara desobediencia que derivan en el desacato las decisiones de la Sala de lo Constitucional.
Cabe recalcar que esta semana, la Sala de lo Constitucional dio por incumplida una medida cautelar por lo que certificó a la Fiscalía General de la República para que abra una investigación, ya que el gobierno continuó prohibiendo el ingreso de salvadoreños y ciudadanos permanentes al territorio por no presentar la prueba de COVID-19 negativa.
