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Los que creen que lo ocurrido la noche del sábado 1 de mayo, en la primera sesión plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele ha sido lo más grave, seguramente se equivocan. Lo que hizo la Asamblea Legislativa es allanar el camino al presidente Bukele para que haga lo que quiera en este país, dado que la amplia votación obtenida el 28 de febrero, tanto el mandatario como sus diputados y funcionarios, lo han tomado como un referéndum permanente para modificar todo a su gusto.
El golpe de Estado dado al Órgano Judicial, al destituir a los cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes de la Sala de lo Constitucional, solo busca eliminar los controles constitucionales y, de paso, un acto de revanchismo por la independencia de los cinco jueces constitucionales que le declararon varios decretos ejecutivos el año pasado.
Al presidente Bukele no le gusta que nadie vaya en contra de sus acciones, de sus ideas, de sus caprichos, y quienes se atreven a contradecirlo tiene sus días contados. Y eso les pasó a los magistrados de lo Constitucional, legalmente elegidos, que se atrevieron a ejercer el control constitucional que afectó al Ejecutivo. La Sala de lo Constitucional le dijo al presidente Bukele que el Ejecutivo no puede declarar estado de sitio o de emergencia, al menos que lo apruebe la Asamblea Legislativa. En la pandemia, el presidente Bukele tuvo encerrada en sus casas a los salvadoreños sin haber recurrido a la Asamblea Legislativa, y ordenó cercos militares y amenazó a la población con tanques y soldados fuertemente armados en La Libertad, y otros pueblos del oriente y el occidente del país. Estas acciones, le dijo la Sala, son inconstitucionales y le ordenó al presidente Bukele suspenderlas.
Bukele, que no admite críticas ni tropiezos, decidió, entonces, gracias a que tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, demostrar que tiene poder absoluto, y ordenó que destituyeran a los cinco magistrados propietarios y suplentes.
Lo anterior, pese a que los conocedores del derecho, la sociedad civil organizada sabe y ha denunciado que ha sido un acto arbitrario de parte de la nueva Asamblea Legislativa, pues, si bien es cierto el artículo 186 de la Constitución, en uno de sus incisos señala que los magistrados de la Sala de lo Constitucional podrán ser destituidos por los dos tercios de los diputados, dice también que “por causa específicas, previamente establecidas por la ley”.
Y como afirma la FESPAD, “Esta grave situación atenta en contra de la independencia e integridad judicial de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, lo que a su vez es un golpe a la institucionalidad democrática y socava el Estado de Derecho del país”.
En la misma dirección la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador (UES) señala que, “Con las acciones desarrolladas el 1 de mayo, como a la antigua usanza de los madrugones, se elimina cualquier resabio de control al Ejecutivo y ahora al Legislativo, generándose una concentración absoluta de poder y se abre la puerta para que se pueda producir cualquier violación a los derechos fundamentales de la población (…)”.
La Facultad de Derecho de la UES señala, además, que, “No solo las destituciones son totalmente nulas, sino también los nuevos nombramientos, ya que ambos se desarrollaron fuera totalmente del procedimiento constitucionalmente configurado”.
La comunidad internacional se ha expresado en la misma dirección en tanto que lo hecho por la Asamblea Legislativa la tenebrosa noche del sábado, no solo viola todos los preceptos legales, sino porque le da todo el poder a Bukele y hará lo que le venga en gana.
Esa concentración de poder al presidente de GANA y Nuevas Ideas significa que vendrán cosas peores a lo sucedido la noche del sábado, lo que ya es muy grave para la incipiente y frágil democracia salvadoreña construida a fuerza de la sangre de sus más queridos y heroicos hijos.
