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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
Colaboradora
El juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, ordenó la detención provisional del expresidente Alfredo Cristiani y los exdiputados que integraron la junta directiva de la Asamblea Legislativa en 1993, incluyendo a Rubén Zamora, un político histórico de izquierda y opositor del Gobierno de Bukele. Esta medida se toma en el contexto de la presunta comisión del delito de encubrimiento personal de la masacre de El Mozote.
En un comunicado emitido por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), se denuncia la reciente orden de captura contra Rubén Zamora y diputados vinculados al decreto de la Ley de Amnistía de 1993. Según el Bloque, esta medida de la juez de Instrucción San Francisco Gotera no persigue la justicia por la masacre del Mozote, sino que busca respaldar la versión engañosa del gobierno actual sobre la guerra y los Acuerdos de Paz de 1992.
Según el Bloque Resistencia y Rebeldita Popular el presidente Bukele es uno de los principales encubridores de la masacre de El Mozote. Además de afirmar que, en septiembre de 2020, Bukele impidió que un juez de Gotera revisara los archivos militares relacionados con estos hechos, protegiendo a los militares acusados mientras dirige una persecución política contra la oposición.
La Ley de Amnistía de 1993, aprobada durante el Gobierno de Cristiani, no cuenta con el respaldo de Rubén Zamora ni de las fuerzas de izquierda y progresistas. Se destaca que fue aprobada por los diputados de ARENA, el PCN y el PDC. Además de la ironía de que Bukele, actual presidente respaldado por GANA (un desprendimiento de ARENA), cuente con el apoyo de diputados del PCN y el PDC, así como de sectores militares y grupos oligárquicos vinculados a la violencia durante la guerra.
En ese contexto, piden que cese inmediato de la persecución contra Rubén Zamora, la publicación de los archivos militares sobre la masacre del Mozote y otros crímenes militares, y la intervención de jueces no vinculados al régimen para asegurar un proceso judicial imparcial.
Finalmente, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular acusa a Bukele de carecer de moral para hablar de crímenes, alegando que su reelección ilegal, respaldada por la oligarquía y cuatro magistrados del tribunal Supremo Electoral, representa una violación flagrante de la Constitución y las leyes de la república.
