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Redacción Nacionales
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A más de 18 meses de la captura de habitantes de la Comunidad La Floresta y de Fidel Zavala, la Fiscalía solicitó una nueva prórroga en la etapa de instrucción, prolongando la prisión preventiva hasta agosto de 2027. A juicio del BRP, esto genera graves violaciones a derechos humanos y al debido proceso.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) se pronunció este martes sobre la detención de Fidel Zavala y de los demás líderes de la Comunidad La Floresta, ocurrida en febrero de 2025.
Es de recordar que en febrero de 2025 fueron detenidos varios habitantes de la Comunidad La Floresta, en San Juan Opico, por el supuesto delito de usurpación de inmuebles, venta ilegal de parcelas, amenazas, limitación a la libertad y de agrupaciones ilícitas. Entre los procesados figura Fidel Zavala, defensor de derechos humanos y testimonio vivo de los crímenes que se cometen en las cárceles salvadoreñas a personas detenidas bajo el régimen de excepción.
Junto a Zavala y los líderes de la comunidad también se encuentran bajo el proceso los abogados, Rudy Joya e Ivania Cruz, defensores de DD. HH., asilados en España. Zavala, Joya y Cruz pertenecen a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).
Rafael Paz Narváez, del BRP, recordó que una persona “sin ningún título legal” llegó a la Comunidad a reclamar el desalojo de sus habitantes, “se presentaron con maquinaria, destruyeron viviendas y a raíz de eso se presentó una denuncia en Fiscalía”.
La reacción de la Fiscalía fue capturar a Medardo Arnoldo Rodríguez Hernández y Alejandra Cañas, habitantes de la comunidad.
Por ello, UNIDEHC acompañó a las habitantes, por considerar que se estaban violentando derechos humanos. Fidel Zavala fue el principal vocero. El 13 de febrero, se dio aviso a la FGR, el 25 del mismo mes lo denunciaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos; sin embargo, ese mismo día en horas de la noche la FGR realizó un operativo en que se capturaron a 20 habitantes de la comunidad y fueron acusados por los delitos antes mencionados.
En septiembre de este año se vencía el plazo para llevar a juicio a los procesados. Sin embargo, la Fiscalía General de la República solicitó una ampliación de la etapa de instrucción; es decir, de investigación para realizar un presunto reconocimiento por fotografías digitalizadas a una veintena de imputados en el proceso. Por lo que, la nueva etapa de instrucción finaliza en agosto de 2027.
Francisco Omar Parada, del BRP, señaló que a los procesados se les ha implementado el protocolo de régimen de excepción, ya que se les amplía el plazo de la detención administrativa, lo cual “genera una condena anticipada con prisión que podría prolongarse por más de tres años, sin haber sido vencidos en juicio”.
Es por ello que considera que esto representa “una flagrante violación a los derechos fundamentales de las personas detenidas”.
Parada recordó que en el caso es procesado y actualmente detenido, Fidel Zavala, “quien anteriormente denunció los graves maltratos y torturas cometidas por la seguridad de centros penales contra los privados de libertad”.
A juicio de Parada, a Zavala se le acusa “por una serie de delitos que más bien han sido el pretexto para encubrir la persecución política que hace este gobierno contra defensores y defensoras de los derechos humanos”.
El BRP señaló que, desde febrero de 2025, la comunidad La Floresta fue “prácticamente desalojada y muchas de sus casas destruidas”. “La tortura no solamente ha sido para las personas detenidas que sufren el encierro y las condiciones inhumanas de una detención injustificada por defender su derecho a una vivienda para todas las familias de la comunidad. La tortura se amplía para las personas que quedaron en el desamparo, sin vivienda y con algún familiar detenido”, agregó.
Luego de más de 18 meses detenidos y la presunta persecución contra Cruz y Joya, la FGR aún pide ampliar la fase de instrucción, lo cual genera “consecuencias físicas y psicológicas graves hacia las víctimas y sus familias”.
Esta prórroga es la tercera que realiza la FGR y el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, Juez 3 le concede un año completo, ya que argumenta la reforma de 2025, para ampliar el periodo de detención que se realizó a la Ley Contra el Crimen Organizado.
La defensa de los habitantes de La Floresta y de Fidel ha solicitado, desde hace 8 meses, la realización de entrevistas a testigos de descargo ofrecidas por dicha defensa y, hasta este momento, dichas entrevistas no se han desarrollado, lo cual “podría representar graves acciones arbitrarias con el ánimo de desarrollar un proceso en condiciones en donde no se garantiza el debido proceso”, destacó Parada.
La defensa de Zavala, además, ha solicitado un informe médico por un presunto deterioro en su salud y este no ha sido realizado o no ha sido informado a su defensa. Además, el juzgado que ventila el caso ha solicitado un informe donde se explique la razón del porqué Fidel Zavala no se encuentra detenido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona.
“Esta situación pone en riesgo la vida misma de Fidel, de un posible traslado hacia el centro penal en donde se encuentran las personas que él denunció anteriormente por torturas hacia los reos”, enfatizó Parada.
El BRP considera que la ampliación de la detención provisional para los habitantes de la Comunidad La Floresta y de Fidel: “son maniobras para mantener en prisión a defensores de derechos humanos que son criminalizados por un sistema judicial que no garantiza el debido proceso”.
El BRP pide que el proceso se desarrolle apegado a derecho y con todas las garantías judiciales. Pidieron que se garantice la vida, la salud, la integridad física y psicológica de los detenidos y de Fidel Zavala.
