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Por: Luis Rafael Moreira Flores
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), por voz de su vocero Fran Omar Parada, hizo un fuerte llamado a la comunidad nacional e internacional ante lo que catalogan como un patrón de persecución política, criminalización del movimiento social y violaciones sistemáticas a los derechos humanos en El Salvador. La pronunciación se centra en la exigencia de libertad inmediata para el destacado defensor de derechos humanos Fidel Zavala, así como para los 24 líderes comunales —hombres y mujeres— de la comunidad «La Floresta», ubicada en el municipio de San Juan Opico.
Desalojos, destrucción y detenciones arbitrarias
Los hechos que originaron esta crisis se remontan a febrero de 2025, momento en que 24 integrantes y dirigentes de la comunidad «La Floresta» fueron capturados de forma arbitraria en el marco de las normativas de excepción. Las autoridades gubernamentales y fiscales imputaron los delitos vinculados a una supuesta «ocupación de tierras» y el cargo genérico de «agrupaciones ilícitas», figura legal utilizada de forma reiterada para asimilar a luchadores sociales con estructuras de la delincuencia organizada.
Según lo expuesto por Fran Omar Parada durante la lectura del comunicado oficial, la intervención estatal no solo conllevó la privación de libertad de las cabezas de familia y voceros comunitarios, sino también el desalojo masivo y la posterior destrucción física de sus viviendas. Esta acción dejó en el desamparo absoluto a decenas de familias, niños y personas de la tercera edad que dependían de dicho asentamiento para ejercer su derecho fundamental a una vivienda digna.
«La tortura en este caso no se limita únicamente a las personas que permanecen recluidas bajo condiciones inhumanas y sin un juicio justo por defender el derecho a la tierra; la tortura se extiende directamente hacia los familiares que quedaron en el desamparo material, psicológico y emocional, sin un techo donde habitar y sufriendo la incertidumbre del encierro de sus seres queridos», enfatizó Parada durante la conferencia ante los medios de comunicación.
La situación del defensor Fidel Zavala
Uno de los puntos de mayor preocupación señalados por el BRP es la condición en la que se encuentra el defensor de derechos humanos Fidel Zavala. Zavala, quien con anterioridad cobró notoriedad pública tras denunciar de manera valiente y detallada los abusos, maltratos y sistemáticas torturas cometidas por la custodia de centros penales contra la población reclusa, enfrenta ahora acusaciones que la organización considera totalmente infundadas.
Para la dirigencia del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el proceso penal instruido contra Zavala carece de sustento probatorio real y funciona únicamente como un velo jurídico para encubrir la venganza estatal y la persecución política contra quienes visibilizan la degradación de las garantías constitucionales.
La alarma sobre la integridad de Fidel Zavala se ha intensificado debido a dos factores críticos expuestos por la representación legal:
- La defensa legal de Zavala ha solicitado de forma reiterada informes médicos oficiales ante el evidente quebranto de su estado de salud en prisión. Hasta la fecha, las autoridades correspondientes no han presentado dichos reportes ni han informado a los abogados sobre la atención recibida.
- El tribunal que tramita la causa ha requerido de forma imprevista un informe explicativo sobre las razones por las cuales Zavala no se encuentra recluido en el Centro Penal «La Esperanza» (conocido popularmente como «Mariona»). Para la organización, esta solicitud judicial presagia un inminente traslado hacia dicho reclusorio, el cual alberga precisamente al personal carcelario y autoridades que Zavala denunció públicamente por actos de tortura. Un movimiento de esta naturaleza pondría en riesgo directo e inminente su vida e integridad física.
Prórrogas arbitrarias hasta 2027
El BRP detalló la gravedad de las maniobras dilatorias cometidas por la Fiscalía General de la República (FGR). Tras un prolongado periodo de detención preventiva que supera los plazos ordinarios, la representación fiscal ha solicitado por tercera ocasión una extensión del plazo de instrucción sin haber presentado formalmente la acusación final.
El juzgado a cargo de la causa otorgó dicha extensión respaldándose en las reformas aprobadas en 2025 a la Ley Contra el Crimen Organizado, permitiendo que la detención provisional de los 24 comunitarios y de Fidel Zavala se mantenga extendida de forma automática hasta agosto del año 2027.
Esta medida equivale, según el BRP, a una «condena anticipada» que vulnera la presunción de inocencia y permite mantener en prisión a personas sin que hayan sido vencidas en un juicio regular.
Asimismo, el movimiento social recordó que este caso ha estado rodeado de un ambiente de hostigamiento contra los profesionales del derecho que han asumido la causa, como es el caso de los abogados Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes también han sido objeto de persecución y acoso por ejercer la defensa técnica de las víctimas.
Demandas y llamados del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la representación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular ratificó su postura de denuncia y formuló un pliego de exigencias categóricas dirigidas al Estado salvadoreño y a los organismos internacionales:
- Exigen a la Fiscalía General de la República abstenerse de continuar solicitando prórrogas injustificadas que instrumentalizan la detención provisional como una pena ejecutada de forma previa a la sentencia.
- Que Fidel Zavala y los 24 líderes de la comunidad La Floresta gocen de un proceso transparente, apegado estrictamente a la Constitución de la República, a las leyes nacionales y a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por El Salvador.
- Demandan que se garantice de forma inmediata la atención médica adecuada para Zavala y que se frene de manera definitiva cualquier intento de traslado hacia el Centro Penal «La Esperanza» (Mariona) o a cualquier otra instalación donde su vida corra peligro debido a sus denuncias previas.
El BRP hace un llamamiento urgente a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, a la comunidad internacional y a la sociedad civil salvadoreña para que alcen su voz, denuncien la persecución política en El Salvador y mantengan la exigencia pública por la liberación de todos los presos políticos y líderes comunitarios criminalizados.
