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Redacción Nacionales
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La presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Lorena Peña Mendoza, informó que se ha presentado una comunicación urgente ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y otras entidades internacionales, en la que denuncia que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Cuba han generado una crisis que pone en riesgo la supervivencia de sectores vulnerables de la población.
El documento, fechado el 9 de marzo de 2026, en Ciudad de México, fue dirigido a varios mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos la relatoría sobre medidas coercitivas unilaterales, el asesor especial para la prevención del genocidio, el relator especial sobre el derecho a la salud, la experta independiente sobre los derechos de las personas mayores y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
En la comunicación se sostiene que el endurecimiento de las sanciones y restricciones financieras contra la isla ha provocado un deterioro significativo en las condiciones de vida de la población, especialmente desde 2019, cuando se intensificaron diversas medidas que afectan el acceso a combustible, medicamentos y transacciones financieras.
Según la denuncia, estas acciones podrían encuadrarse dentro de lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, específicamente en el artículo II inciso (c), que define como genocidio el sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que puedan conducir a su destrucción física total o parcial.
La comunicación describe un escenario de “colapso sistémico” provocado por restricciones al suministro de combustible, persecución a buques petroleros y obstáculos financieros que dificultan la adquisición de insumos básicos. Según el documento, la situación ha provocado apagones prolongados que afectan el funcionamiento de hospitales, el bombeo de agua potable y la producción de alimentos.
Además, la denuncia señala que la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos limita su acceso al sistema financiero internacional, lo que dificulta la importación de materias primas y equipos médicos.
El documento también afirma que las regulaciones y procedimientos administrativos exigidos por la legislación estadounidense para autorizar exportaciones de medicamentos hacia la isla generan un “efecto disuasivo” en empresas farmacéuticas, que optan por no realizar ventas al país. Esto, según la comunicación, ha provocado escasez de medicamentos esenciales y equipos médicos.
Uno de los apartados del informe se centra en el impacto diferenciado que estas medidas tendrían sobre las mujeres. El texto sostiene que el desabastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos médicos incrementa la carga de trabajo doméstico y de cuidados, que recae principalmente en ellas. De acuerdo con la información presentada, las mujeres cubanas dedican en promedio más de 35 horas semanales a tareas domésticas y son jefas de casi la mitad de los hogares del país.
Asimismo, se mencionan dificultades para acceder a anticonceptivos, vitaminas prenatales, pruebas diagnósticas y otros insumos necesarios para la atención de la salud reproductiva. El documento sostiene que estas carencias afectan el funcionamiento del programa materno-infantil y aumentan los riesgos durante el embarazo.
Entre los datos citados, la comunicación indica que la mortalidad infantil en Cuba habría alcanzado 7,6 por cada mil nacidos vivos en 2025, lo que, según los denunciantes, representa el incremento más significativo registrado en dos décadas.
La denuncia también describe un impacto en la atención hospitalaria. Según el documento, la falta de equipos médicos y suministros ha provocado la postergación de cirugías y el aumento de listas de espera. Se menciona que más de 86 mil pacientes se encontraban pendientes de intervención quirúrgica hasta febrero de 2024, entre ellos más de nueve mil niños.
Otro de los sectores señalados como especialmente vulnerables es el de las personas adultas mayores. El informe advierte que los apagones prolongados ponen en riesgo a pacientes que dependen de equipos eléctricos para su tratamiento médico, como concentradores de oxígeno o sistemas de refrigeración para medicamentos como la insulina.
Asimismo, se advierte que la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o afecciones cardíacas podría acelerar el deterioro de la salud en una población con altos índices de envejecimiento.
El documento también menciona la negativa de empresas internacionales a vender suplementos nutricionales especializados para recién nacidos y niños con enfermedades metabólicas. Entre los casos citados se encuentra la compañía Nutricia, que según la denuncia habría suspendido la venta de determinados productos a Cuba debido a las implicaciones legales derivadas de la legislación estadounidense.
Ante este escenario, la organización solicitó a los mecanismos de derechos humanos de la ONU emitir un llamamiento urgente para que se levanten las sanciones que, según argumenta, impiden la llegada de combustible y tecnología médica a la isla.
También pidió que expertos internacionales realicen una visita in situ para evaluar el impacto humanitario de las medidas y que se inste a los órganos políticos de Naciones Unidas a considerar el bloqueo económico como una amenaza para la seguridad humana.
El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba se mantiene desde la década de 1960 y ha sido objeto de debate internacional durante décadas. Cada año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una resolución que pide el levantamiento de estas medidas, con amplio respaldo de la comunidad internacional, aunque dichas resoluciones no tienen carácter vinculante.
La comunicación presentada por la Federación Democrática Internacional de Mujeres busca que los mecanismos de derechos humanos analicen si las sanciones económicas pueden constituir una violación sistemática de derechos fundamentales, especialmente el derecho a la salud, la alimentación y la vida.
Hasta el momento, las oficinas de Naciones Unidas no han emitido una respuesta pública sobre la denuncia. Sin embargo, el documento solicita que el sistema internacional actúe de forma urgente para evitar que las consecuencias humanitarias de la situación se profundicen en los próximos años.
