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Jorge Vargas Méndez*
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En primer lugar, le hice ver que votar es un derecho y un deber consignados en los artículos 72 y 73 de la Carta Magna respectivamente. Esos mismos artículos –le dije a continuación– señalan también otras prerrogativas y obligaciones que constituyen la base legal o punto de partida de lo que se conoce como participación ciudadana, sobre todo, donde señala que es un deber suyo y mío “cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República”. Y en ese instante ella se quedó pensativa mirando hacia el suelo mientras su pie izquierdo, calzado con una chancleta sobradamente modesta, removía el polvo sobre la calle como queriendo hacer un agujero.
De modo que si no asiste a votar o anula el voto –continué diciéndole– no solo es un acto irresponsable sino también es permitir que otras personas decidan por usted sobre el rumbo que debe seguir el país o el municipio porque, vaya usted o no vaya a votar, siempre habrá una cantidad de votantes que elegirá a las personas que ocuparán las curules en la Asamblea Legislativa y al concejo municipal, incluyendo alcaldesa o alcalde. “Y entonces, ¿por qué dicen que es mejor no votar o anular el voto?”, agregó Bernarda resueltamente como quien suelta una pescozada repentina.
La gente que dice que no votará, mi estimada Bernarda –agregué–, es aquella que está descontenta con los partidos políticos, con uno o con todos, o bien con una o con todas las personas involucradas en el quehacer político-partidario, ya sea porque desaprueban su comportamiento, porque prometen y no cumplen o porque se cree que una vez electas solo piensan en su propio bienestar y en los intereses de su grupo social y económico. Esas y otras razones más han hecho que históricamente una parte significativa de la población no participe en los eventos electorales. En segundo lugar –proseguí–, no ir a votar o anular el voto ha sido y sigue siendo la peor decisión. ¿Por qué? Porque su ejemplo ha sido y sigue siendo retomado por las hijas y los hijos, o sea, por las nuevas generaciones. Y debido a eso jamás hemos dado pasos en firme hacia la construcción de una democracia realmente representativa que, en virtud de que cada vez aumenta la población total, demanda cada vez mayores cuotas de participación ciudadana. En otras palabras, no ir a votar o anular el voto es transmitir o heredar apatía e indiferencia a las sucesivas generaciones sobre los asuntos políticos, que es la “cultura cívica” dominante en países como el nuestro. De ahí que las decisiones siempre han estado y están en manos de los mismos grupos políticos: el PCN y el PDC, por ejemplo, tienen casi 60 años de existir; y ARENA tiene casi 40. El FMLN, en cambio, cumplió apenas 25 años en 2017. No votar o anular el voto tendría sentido únicamente si eso se tradujera en 84 curules vacías, lo que daría lugar a otra convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, en caso de persistir el abstencionismo o ausencia de personas votantes, obligaría a considerar un cambio de sistema.
En realidad, mi apreciada Bernarda, de acuerdo con el sistema político vigente basta con que vote una parte de la población para seguir afirmando que la democracia funciona. Y eso lo saben muy bien las personas y grupos que se benefician con dicho sistema, el cual mejoraría sustancialmente si toda la población apta para votar lo hiciera. Le pongo un ejemplo para que veamos mejor las cosas, mi estimada Bernarda –le dije–: Si en su comunidad hay elección de directiva y usted no es convocada o realizan la asamblea a una hora que no puede asistir, etc., es porque alguien tiene interés en que no acuda y con ese ardid quiere impedir que usted haga valer su voz y voto, es decir, que haga uso de su derecho y su deber. Pero esas personas o grupos saben que la directiva siempre será electa y que, con la ausencia suya y la de muchas otras personas, es muy probable que quienes lleguen a la cita sean de su complacencia o conveniencia. Así las cosas, el mismo efecto pretenden expresiones como “no hay que ir a votar o hay que anular el voto”, acto individual y voluntario que por cierto no constituye delito porque la misma Carta Magna en su Art. 8 dice: “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe”. Sin embargo, como ya le decía, erosiona sin que nos demos cuenta el pleno ejercicio de nuestros deberes y derechos ciudadanos, fomenta una cultura cívica de indiferencia y nos vuelve una especie de borregos manipulados por las manos invisibles del sistema.
Apenas había terminado de hablar cuando Bernarda espetó: “O sea que mi voto vale”. ¡Claro que sí!, respondí. Y Bernarda agregó: “Entonces, voy a usarlo para castigar y premiar. Y como dice mi abuelita, voy a escoger entre los males el menos peor”. Pero antes haga memoria, Bernarda, insistí: ¿Qué partido tiene a muchos de sus exfuncionarios en procesos penales por malversación de los fondos del Estado? ¿Qué partido hizo desaparecer millones de dólares que estaban destinados a construir hospitales y carreteras? ¿Qué partido no votó desde 2010 para aprobar el Presupuesto General de la Nación? ¿Qué partido se opuso y seguirá oponiéndose al incremento del salario mínimo? ¿Qué partido se opone a que se inviertan los recursos que son necesarios en educación, salud y seguridad pública?
En el mismo sentido, haga memoria sobre lo siguiente: ¿qué Gobierno ha estado entregando 1.3 millones de paquetes escolares, uniformes y pares de zapatos a la población estudiantil del sistema público? ¿Qué Gobierno hizo gratuita la consulta médica en hospitales? ¿Qué Gobierno entrega cada año paquetes agrícolas? ¿Qué Gobierno ha mejorado la infraestructura del país a través del Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué Gobierno ha otorgado a través del ISTA más títulos de propiedad de sus terrenos a personas de escasos recursos? ¿Qué Gobierno impulsó el aumento al Salario Mínimo? ¿Qué Gobierno hace esfuerzos reales por garantizar el derecho a la educación? ¿Qué diputadas y diputados han legislado más a favor de la mayoría de la población, incluyendo los intereses de mujeres y jóvenes? Y de igual modo cuestiónese al momento de premiar o castigar a la alcaldesa o alcalde de su municipio. “¡De plano!”, exclamó mi interlocutora interrumpiéndome.
Por último, le dije a Bernarda, ejerza su derecho al voto pensando en sus intereses, no en los intereses ajenos. Los grupos o personas con dinero votan por el partido que representa sus ganancias, y la gente que no tiene más que su trabajo para ganarse el pan de cada día debería y debe votar por el partido que defiende sus intereses. ¡No se confunda! Y un último consejo, agregué: ¡No permita que la maleza le impida contemplar el bosque! Después de todo, como dice la canción de Los Guaraguao, “aunque la marcha sea lenta sigue siendo marcha”.
*Poeta, escritor, integrante del Foro de Intelectuales de El Salvador.
