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La Asamblea Legislativo pidió a la Fiscalía General de la República, por medio de un aviso, «a fin de que pueda determinar el origen de los fondos con los que se están financiando herramientas mediáticas del Órgano Ejecutivo (Diario El Salvador y Canal 10 de televisión), dado que conforme a informaciones recibidas, en definitiva es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la institución que genera los recursos para ello; siendo esto una violación expresa de ley, con las consiguietes consecuencias personales, patrimoniales y penales en términos generales, conforme a lo previsto en las leyes.»
Lo anterior está fundamentado en que «No se podrán utilizar recursos públicos, incluidos los de las instituciones Autónomas, para financiar directa o indirectamente operaciones de sociedades, empresas o entidades, que no correspondan a las funciones o giro que por disposición legal expresa, les compete. La inobservancia de esta disposición conllevara responsabilidad personal y patrimonial a los principales funcionarios de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes».
La petición de la Asamblea tiene a la base una resolución parcial de la Comisión Ad hoc para estudiar el proyecto de Ley de Publicidad Estatal.
