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@elder_gomez_2
La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar hoy una serie de reformas al Código Procesal Penal, find propuestas por el gobierno, para endurecer las penas a los atacantes de funcionarios del Sistema de Seguridad Pública, en un intento por detener la ola de asesinatos y emboscadas a policías.
Sin embargo, la Fiscalía General advirtió a los legisladores de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, quienes han estudiado la iniciativa del gobierno, que la supresión de los plazos legales para procesar a quienes ataquen a funcionarios de la Seguridad Pública, podría generar “impunidad”.
A excepción de los diputados de ARENA, el resto de parlamentarios ha dado el visto bueno a las reformas al Código Procesal Penal, para que los procesos judiciales contra quienes ataquen funcionarios de la Seguridad Pública sean reducidos de siete a dos meses.
Mario Chacón, de la Unidad de Intereses del Estado, del Ministerio Público, advirtió a los parlamentarios que las reformas al Código Procesal Penal que aprobarán hoy los legisladores, “no van a tener los resultados que ustedes desean”.
“La experiencia ha demostrado que los resultados no son como los esperamos por falta de pruebas, si el tiempo se reduce”, subrayó Chacón, quien fue citado el martes por los legisladores junto al jefe de la unidad Fiscal, Julio Arriaza, y otro de sus compañeros, para exponer sus puntos de vista sobre el tema.
“En los casos de homicidios – añadió Chacón -, nos toma entre 1 y 2 años la investigación, ya no digamos casos como éstos o de trata de personas, narcotráfico, que requieren de mayor análisis”.
Una decisión política
Sin embargo, Guillermo Gallegos, de GANA, recordó que la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal “es una decisión política la que vamos a tomar”.
Las “Disposiciones Especiales Transitorias en delitos cometidos contra la vida, integridad personal, libertad individual y autonomía personal, tanto de los miembros de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada, personal penitenciario, fiscales y jueces”, fue presentada por el gobierno la semana pasada al congreso.
Las enmiendas al Código Procesal Penal, además de reducir los plazos procesales de los delincuentes que atenten contra funcionarios de la Seguridad Pública, permitirán a las autoridades remitir de inmediato a los infractores a la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, en el centro del país, mientras se lleva a cabo la fase de instrucción.
Arriaza, por su parte, advirtió que las reformas al Código Procesal Penal “en lugar de favorecer (el combate a la delincuencia), favorcerán todo tipo de delito (y) se puede caer en la impunidad, por no contar con las pruebas necesarias”.
“Reiteramos que (las reformas) nos afectan, citando el caso de la balística, eso nos lleva meses, les pediría que reflexionen”, suplicó sin éxito a los legisladores el jefe de la unidad especializada del Ministerio Público.
O ellos o nosotros
“O el Estado aplica toda la fuerza o el Estado se va a poner de rodillas (ante los delincuentes)”, advirtió, por su parte, el coronel retirado, Sigifredo Ochoa Pérez, al dar su aval a la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal.
“Incluso – recordó el militar -, yo he pedido que se aplique el estado de excepción” para combatir la ola de criminalidad que abate a El Salvador, que en lo que va de enero ha cobrado la vida de unas 200 personas, entre ellas las de siete policías.
Aunque su partido político, ARENA, no aprobó el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, el legislador Orlando Cabrera Candray, dijo que “no hay que ponerle más paños tibios” a la ola criminal, “si no lo hacemos así – agregó -, no podemos hacerlo más suave”.
El dictamen favorable a las enmiendas al Código Procesal Penal propuestas por el gobierno, será sometido la tarde de este miércoles a votación en el Pleno Legislativo, durante la Sesión Plenaria.
