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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la cuadragésima prórroga del régimen de excepción, medida estatal vigente desde el 27 de marzo de 2022 para presuntamente “combatir frontalmente a las pandillas” pero, a su paso, se ha llevado a miles de personas inocentes e incluso a defensores de derechos humanos.
La prórroga se dio este jueves en la sesión plenaria ordinaria N° 62, vía dispensa de trámite, propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, luego que el Ejecutivo mandó la solicitud.
Esta prórroga se da en medio de una escala de violaciones a derechos humanos, no solo de personas que nada tienen que ver con pandillas; sino contra defensores de derechos humanos; tal es el caso de Ruth López, Alejandro Henríquez (defensor medioambiental), Ingrid Escobar (se auto exilió por acoso policial), Enrique Anaya (abogado crítico del Gobierno), Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya (líderes comunitarios). Tanto Zavala como Ruth López y Anaya, enfrentaron un proceso judicial y fueron enviados a prisión con instrucción, luego que se les aplicó el protocolo de régimen de excepción.
El oficialismo asegura que mantendrán esta medida “hasta que el último pandillero esté tras las rejas”. Hasta el momento, se han capturado a más de 87 mil presuntos pandilleros. Pero de ellos se han dejado en libertad a “un poco más de 8,400”, según confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en una entrevista.
Mientras tanto, en el decreto, el Ejecutivo señaló que es necesario mantener el régimen, ya que “se han identificado intentos de reorganización mediante el reclutamiento de nuevos miembros, la coordinación de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la extorsión, el uso de redes de colaboradores para sostener sus operaciones en zonas urbanas y rurales, y la utilización de plataformas digitales y aplicaciones de mensajería para la planificación de crímenes”.
También, señaló que las labores de inteligencia policial han identificado la persistencia de actividades criminales por parte de las pandillas con el objetivo de mantener su estructura delictiva, por tal razón “ha sido indispensable reactivar operaciones especiales para el control del actuar delictivo de remanentes de esos grupos terroristas, por ejemplo, el cerco de seguridad cuyo objetivo es la captura de miembros que actúan y promueve su reorganización.
Según el Gobierno, este cerco ha facilitado la detención de miembros clave de estructuras criminales, el decomiso de armas, drogas y recursos utilizados para actividades ilícitas.
Organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado sobre esta medida, pidiendo su derogación porque suspende los derechos fundamentales de la población y porque se han violentado los derechos humanos de miles de personas.
Incluso, agentes de la Policía Nacional Civil han revelado a Human Rights Watch (HRW) que han detenido de forma arbitraria a salvadoreños solamente por llenar una cuota.
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