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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Asamblea Legislativa autorizó durante la sesión plenaria de este jueves una solicitud del Ejecutivo para la contratación de deuda por $2 mil millones para atender la emergencia provocada por de la pandemia mundial del COVID-19, y sus posibles afectaciones sanitarias y económicas.
La autorización se dio luego de varios días de negociación entre el Gobierno y los partidos políticos en las cuales se abordaron criterios referentes a la forma de obtención de los recursos, tazas de interés, distribución, y mecanismos para garantizar la transparencia en el uso de los fondos. En cuanto al mecanismo para la contratación de los fondos, los legisladores acordaron que se buscará en múltiples vías, tanto mediante la emisión de títulos valores como la contratación de créditos en el mercado nacional e internacional. “Estamos permitiendo al Ejecutivo buscar títulos valores y préstamos para hacer frente a la emergencia gravísima que vive nuestro país y prácticamente el mundo entero, estamos frente a una pandemia frente a la que debemos sumarnos y hacer un esfuerzo para atender esta situación”, dijo Carlos Reyes, coordinador de la fracción de ARENA. El legislador resaltó que del total de los fondos, un 70 % se destinará a la atención de la emergencia nacional, transferencias por $300 a familias que se vean afectadas por esta y se dará cobertura a las deficiencias en materia de recaudación fiscal que tendrá el país a causa de la emergencia. Con estos recursos también se ayudará a medianas, pequeñas y micro empresas que resulten afectadas económicamente. Se financiará a productores de granos básicos y al sector agropecuario, en general, además se financiará un programa de subsidio para el pago de planillas de empleados afectados por la declaratoria de emergencia nacional.
Los legisladores consideraron oportuna la aprobación de este endeudamiento, ya que el 30 % restante, alrededor de $600 millones se destinará a las 262 alcaldías del país en forma de transferencias directas de recursos para que puedan enfrentar la emergencia en los territorios, tomando como base los criterios de distribución del FODES.
Uno de los puntos clave del decreto aprobado tiene que ver con la creación de un comité de emergencia que se encargará de verificar que los recursos se usen con transparencia, el cual estará integrado por seis representantes del Gobierno y cinco más que representarán a la UCA, ESEM, ANEP y Cámara de Comercio.
Yanci Urbina, diputada del FMLN lamentó que no se tomara en cuenta la solicitud de ese partido político en razón de que el comité contralor de los fondos tuviera mayor representación de la sociedad civil. “Este comité elaborará las propuestas de presupuesto extraordinario a generar con estos recursos que deberán ser aprobados con los votos a favor de dos terceras partes de los diputados, también tendrán una labor de supervisión y vigilancia del uso de los fondos, por eso creíamos que debería tener mayor representación social”, sostuvo Urbina.
Suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal
Durante el desarrollo de la sesión de trabajo en la Asamblea Legislativa también se avaló la solicitud del Gobierno para la suspensión de aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social para paliar el impacto negativo que causará la emergencia nacional por COVID-19, por lo que los parámetros que establece la legislación no podrán cumplirse.
