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Redacción Nacionales
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Nuevamente, la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la prórroga 54 del régimen de excepción, la cual estará vigente por un periodo de 30 días, desde el 29 de agosto hasta el 27 de septiembre.
Es de recordar que la medida se ha implementado desde marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios a escala nacional, que luego se informó, a través de investigaciones periodísticas que se debió por el rompimiento de la tregua que tenía el Gobierno de Bukele con los pandilleros para bajar el número de homicidios,
El Gobierno vende el régimen de excepción como una medida necesaria para seguir con el combate a las pandillas y erradicar los remanentes. De hecho, el Gobierno se proclama como el país más seguro del hemisferio occidental y vende dicha narrativa de manera abierta en el país y a nivel internacional.
Los diputados destacan que, desde el 27 de marzo de 2022, el país ha acumulado 1,190 días sin homicidios y desde el inicio del Gobierno de Bukele, en 2019, el país registra 1,304 días sin muertes violentas. En este año, se registran 202 días sin asesinatos.
Con la medida del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 92,838 personas. Sin embargo, entre estas a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas; incluso, el mismo Gobierno ha informado que han liberado a 8 mil personas detenidas bajo el régimen luego de evidenciar que no tienen vinculación con pandilleros.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado de sobra lo que ocasiona el régimen de excepción: detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas e inclusive asesinatos. El Socorro Jurídico Humanitario ha documentado la muerte de 564 personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción; de ellos el 94% no tenían perfil de pandillero.
Mientras tanto, el Gobierno se enfoca en el turismo que se supone, la seguridad ha generado en el país. El Gobierno y la Asamblea Legislativa no escuchan a los sectores que piden diálogo y eliminación del régimen de excepción.
Por otros 30 días más, el régimen de excepción suspende las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 inc. 2º, 13 inc. 2º y 24 de la Constitución de la República; y que se refieren en su orden al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
