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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga 49 al régimen de excepción, medida estatal que hoy, justamente, cumple cuatro años de implementación. Con esta medida, se han violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.
El oficialismo y aliados aprobaron una nueva prórroga un día antes de cumplirse 4 años del régimen de excepción. Es de recordar que el 27 de marzo, tras un repunte en los homicidios, el Gobierno le pidió a la Asamblea Legislativa que aprobara un estado de excepción para “combatir a las pandillas frontalmente”.
Informes periodísticos señalaron que el repunte de homicidios sucedió luego de que el Gobierno de Nayib Bukele y las pandillas rompieran con la tregua que se había hecho desde el inicio del periodo presidencial legítimo para reducir el número de homicidios y, así, alardear de una estrategia de seguridad efectiva por parte del Gobierno.
Con la aprobación del régimen de excepción, organizaciones nacionales e internacionales han documentado graves violaciones a derechos humanos, desde detenciones arbitrarias, palizas, torturas, abusos de poder, negligencias e incluso muertes dentro de los centros penales.
De hecho, Socorro Jurídico Humanitario señaló que, en El Salvador, al menos 500 personas han muerto en prisión bajo el régimen de excepción, sin haber sido vencidas en juicio. El 94 % no tenía perfil de pandilleros. “Murieron bajo la tutela del Estado, en total impunidad. Este no es ‘control’, es violación sistemática de derechos humanos”, comentó la organización.
Estos y otros informes han sido desacreditados por el Gobierno y oficialismo ya que, a juicio de ellos, en El Salvador no se han cometido violaciones a los derechos humanos; si no por el contrario, “los respeta”; sin embargo, el mismo Gobierno ha reconocido que han liberado a más de 8 mil personas a quienes no se les ha encontrado vínculos con pandillas.
Socorro Jurídico Humanitario señala que, a cuatro años, se han violentado el derecho a la vida; el derecho a la presunción de inocencia, derecho a un juicio justo. “La cifra real (de fallecidos) puede superar el millar, pero se oculta en juicios masivos y sin garantías. Recordar estos hechos es un deber, callar es ser cómplice. La seguridad no puede construirse sobre la sangre de inocentes ni sobre la negación de la justicia”, concluyó.
El régimen estará vigente desde el 1 de abril hasta el 30 del mismo mes. La medida fue aprobada con 57 votos, 1 en contra (Claudia Ortiz de VAMOS) y 2 ausencias (Marcela Villatoro y Francisco Lira de ARENA).
