Arrendadores presionan a LOPAQ por pagos pendientes y exigen reparación de unidades

Redacción Nacionales

@DiarioColatino

Un grupo de arrendadores de camiones de carga se concentró frente al predio de la empresa LOPAQ S.A. de C.V., una compañía portuaria de origen mexicano que opera en el país y mantiene un contrato de arrendamiento con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en el puerto de Acajutla, para exigir el pago de las obligaciones adquiridas por la empresa como arrendataria.

Los denunciantes aseguraron que LOPAQ se comprometió a mantener las unidades en buen estado y devolverlas en las mismas condiciones en que fueron entregadas; sin embargo, denunciaron más de siete meses de impagos y daños en los remolques y cabezales alquilados.

Uno de los afectados relató que, pese a contar con un contrato formal, la empresa le adeuda hasta $67,000. El ciudadano estadounidense explicó que regresó al país y firmó el contrato con LOPAQ el 21 de octubre de 2025, motivado por la promesa de obtener buenos ingresos. No obstante, afirmó que la empresa le debe nueve meses de pagos.

«Solo me han pagado $5,890. El pago era de $2,000 por camión y $500 por plataforma, para un total de $4,500 mensuales. Entregué dos cabezales y una plataforma, y ambos cabezales fueron devueltos con daños», denunció.

El contratista aseguró que descubrió los daños en uno de sus cabezales cuando observó que el sistema GPS dejó de registrar movimiento. Al inspeccionar la unidad en el predio de LOPAQ, constató que varias piezas habían sido sustituidas y que el motor presentaba daños irreversibles. Por ello, exige que la empresa le reintegre la inversión realizada en el automotor.

Además, el denunciante señaló que el contrato de arrendamiento del cabezal fue suscrito con el representante de LOPAQ, Ludwig Beethoven Quinto Rivas, de nacionalidad mexicana, un ingeniero hidrógrafo de profesión. Según registros mercantiles, Ludwig Beethoven Quinto Rivas también está vinculado a AMBIT El Salvador, S.A. de C.V., sociedad constituida el 20 de julio de 2022 con un capital social de $2,000.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, esta empresa abandonó la construcción de un centro escolar en Anamorós, tras alegar falta de recursos debido a que el Ministerio de Educación no habría desembolsado los anticipos pactados. Sin embargo, otras versiones sostienen que la compañía se retiró de la obra pese a haber recibido fondos adelantados.

Asimismo, Quinto Rivas figura como representante legal de Distribuidora Quinto Barthelemy, S.A. de C.V., empresa fundada en 2023 con un capital social de $2,000, dedicada a la importación, comercialización y distribución al por mayor y al detalle, de frutas y verduras.

Diario Co Latino tuvo conocimiento de al menos ocho contratistas afectados, cuyas deudas oscilan entre los $8,000 y los $13,000. Sin embargo, los denunciantes sostuvieron que existen muchos más casos, incluidos trabajadores administrativos a quienes, según afirmaron, se les descontaban cotizaciones para AFP y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), pese a que no recibían dichos beneficios, situación que llevó a varios a renunciar aun a costa de perder su indemnización.

Algunos de los denunciantes también laboran como motoristas de la empresa y aseguraron que decidieron permanecer en sus puestos para resguardar lo que queda de los vehículos mientras esperan el pago de la deuda. Asimismo, señalaron que, pese a que la empresa argumentó no contar con capacidad financiera para cancelar las obligaciones pendientes, presuntamente adquirió nuevas unidades que fueron presentadas como si fueran vehículos alquilados.

Otro de los afectados, a quien la empresa adeuda $13,000, relató que comenzó a trabajar el 5 de noviembre de 2025. Indicó que recibió los pagos correspondientes a noviembre y diciembre, aunque con retrasos, pero posteriormente dejó de percibir su remuneración mensual, por lo que decidió retirarse el 10 de mayo. Además, denunció que la empresa nunca formalizó su contrato laboral, argumentando que el documento contenía errores y debía ser corregido.

Según el contratista, LOPAQ también justificó los atrasos en los pagos asegurando que la empresa Unión Portuaria del Pacífico (UPDP), para la cual presta servicios, aún mantenía obligaciones pendientes con ellos. Sin embargo, afirmó que, tras comunicarse con representantes de UPDP, estos le informaron que los pagos ya habían sido efectuados.

Los denunciantes detallaron que acudieron al Ministerio de Trabajo tras varios meses sin recibir el pago correspondiente; sin embargo, les informaron que el caso no era competencia de esa institución. Posteriormente, presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde les indicaron que los hechos podrían constituir una estafa y les recomendaron acudir al Juzgado de Acajutla.

El tribunal recomendó inicialmente una audiencia de conciliación entre la empresa y los contratistas, pero el proceso no avanzó debido a que LOPAQ se negó a recibirlos. Además, el juzgado realizó observaciones relacionadas con la dirección consignada en la demanda.

Una vez subsanadas, solicitó pruebas de los impagos y de los daños ocasionados a las unidades, las cuales fueron presentadas. No obstante, requirió precisar el lugar donde se celebraron los contratos, aunque varios de los contratistas sostienen que los acuerdos fueron únicamente verbales, lo que nuevamente estancó el caso.

Aunque las denuncias se han intensificado durante las últimas semanas, la mañana de este lunes 27 de julio los contratistas decidieron ejercer medidas de presión para ser recibidos por los representantes de la empresa y obtener un documento legal que obligue a LOPAQ a cancelar una deuda que estiman supera los $200,000.

Pese a que el encargado del predio se negó a recibirlos, aseguró que la empresa ya trabaja en la resolución del caso y prometió a los arrendatarios que los vehículos serían devueltos con las reparaciones correspondientes. No obstante, reconoció que aún no existe un documento en el que se establezcan oficialmente los montos adeudados a cada contratista.

Ante esta situación, los afectados advirtieron que, de no concretarse un compromiso formal de pago, promoverán una demanda colectiva por el presunto delito de estafa patrimonial.