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Arístides Valencia, exministro de Gobernación y Desarrollo Territorial sale Juzgado Segundo de Paz de San Salvador donde se le notificó un requerimiento en su contra por presuntas negociaciones con pandillas. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez

Arístides Valencia fue notificado de los cargos en su contra por supuestas negociaciones con pandillas

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

El exministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Arístides Valencia se presentó este jueves a la sede del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para ser intimado (notificado) del requerimiento fiscal en su contra por las presuntas negociaciones con pandillas. 

Valencia dijo que presentó documentación con la que justificó su ausencia el pasado martes 4 de febrero, día en que el Juzgado de Paz había convocado a los acusados para darles a conocer los delitos que les imputan.

Asimismo, dijo que hay aseveraciones que se están haciendo de manera irresponsable y que estas no aparecen acreditadas en el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República el pasado sábado 1 de febrero.

“Hemos visto el requerimiento, las pruebas y estoy confiado de mi inocencia”, manifestó Valencia a su salida de la sede judicial. La fiscalía sostiene que el exfuncionario incurrió en los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas al reunirse con cabecillas de pandillas.

De acuerdo a lo explicado por Arturo Cruz, miembro del equipo fiscal a cargo del caso, las reuniones entre los políticos y los pandilleros tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales del año 2014.

Cruz explicó que la tesis fiscal es que Arístides Valencia y Benito Lara ofrecieron dinero a las pandillas a cambio de respaldar a la fórmula presidencial del FMLN, conformada por Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz.

El acuerdo también incluía coaccionar a la población para que declinara su apoyo en favor de dicha fórmula y boicotear e intimidar a simpatizantes de ARENA, decomisándoles a estos los documentos únicos de identidad (DUI) al interior de las comunidades.

Después de un número indeterminado de reuniones, el pacto se cerró en $150,000, que la fiscalía asegura fueron entregados por Valencia a los pandilleros, tras la primera vuelta de las elecciones en las que ningún partido político se proclamó ganador, Valencia y Lara acordaron con líderes pandilleros otorgar la misma suma.

Por estos hechos, también es procesado Wilson Alvarado, dirigente de una organización no gubernamental y perfilado como el enlace entre Valencia y los pandilleros.

En total, son siete los acusados por el presunto cometimiento de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, de los que solo a uno se le solicita al juez de Paz el sobreseimiento definitivo al haber fallecido, el alcalde arenero Salvador Ruano; mientras que uno ya cumple condena por el delito de extorsión agravada, Raúl Mijango.

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