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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El anuncio de la preparación logística para la eventual diligencia de revisión y apertura de los archivos de la Fuerza Armada, de los años ochenta, fue un “respiro” para las víctimas de la masacre de El Mozote, quienes solicitaron una reunión con el juez de instrucción Jorge Guzmán y las partes técnicas del proceso judicial.
“Cuando sean juramentados las peritos en archivos, una guatemalteca y dos salvadoreñas, se les pedirá una propuesta de metodología (de búsqueda) y calendarización. Ya nos reunimos con la presidenta de la Sala de lo Penal (Corte Suprema de Justicia) para ir viendo toda la logística para ese momento, pero esto va a tardar alrededor de un mes”, explicó a las víctimas.
Sobre las reiteradas negativas sobre la existencia de este tipo de archivos en las guarniciones militares, el juez Guzmán señaló que van a “tomarle la palabra” al presidente de la República, Nayib Bukele, que daría acceso total a estos documentos.
“Él dijo que iba a colaborar en todo lo posible, que si el juez le pedía de A a la F, daría hasta la Z; esto indica que habrá una cooperación, la próxima semana se juramentarán los peritos.
Asimismo, la Secretaría Técnica de la Presidencia, que cuando el Tribunal (de Instrucción) dispusiera hacer la incursión en los archivos, coordináramos con ellos, que irán a siete guarniciones militares; la verdad es que hay que intentarlo”, indicó el juez Guzmán.
Asimismo, a la pregunta de las víctimas sobre la “dilación del proceso judicial”, que retrasa la justicia, el magistrado argumentó que este caso era complejo y, como tal, debía estar completamente preparado, para evaluar si pasaba a la siguiente etapa.
“Es un megaproyecto que no es común, que inició el 30 de septiembre de 2016, pero siempre pensamos en el plazo razonable. Porque este proceso tiene a la base el Código Procesal de 1973, pero también aplicamos el Código Procesal Penal actual, también la Sentencia de la Corte IDH y la normativa de derechos humanos; es un proceso híbrido, nutrido por varias leyes.
Hay negativa de las instituciones estatales en colaborar en el caso, hasta la impugnación que trataron de hacer algunos abogados (defensa de los militares) para que conociera el caso”, argumentó el juez Guzmán sobre el retardo en el proceso judicial.
Reyna Portillo está en representación de su sobrina Arcadia Portillo, que junto a su hermana fueron desaparecidas en manos del Ejército, por tanto reiteró su interés en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha exigido al Estado salvadoreño la búsqueda de su paradero.
Mientras, Rosario López Sánchez, sobreviviente de la masacre La Joya -sitio aledaño a El Mozote- reiteró su petición de justicia y condena los graves crímenes cometidos ese diciembre de 1981.
“Ellos (los militares) no tuvieron lástima de la gente, me arrebataron a veinticuatro familiares ese día, esas veinticuatro personas que ahora no están con nosotros. ¿Cómo pueden hablar del perdón?, si ellos no tuvieron pena y mataron ancianos, niños, niñas, jóvenes y mujeres; no tuvieron pena con la población, y no solo hablo de mi familia, sino de toda la gente que fue asesinada. Quiero que haya justicia con estos coroneles y que esto no quede impune, porque son criminales y si dicen que por ancianos están enfermos, más enfermos estamos nosotros las víctimas, por tanto daño que nos hicieron y no crean que es fácil estar aquí, esto duele mucho y los militares siempre tienen ese coraje, esa prepotencia contra nosotros”, declaró.
El ejercicio de escuchar las inquietudes de las víctimas por parte del juez de la causa fue calificado como una “audiencia positiva” por el abogado David Morales, de Cristosal.
“Este es un derecho que tienen las víctimas, de ser escuchadas; pero también existe el mandato de la Corte IDH, cuya sentencia establece la participación de las víctimas en todo momento, es una práctica sana judicial para escuchar las inquietudes, dudas y peticiones del proceso, para recibir información del juez, eso ha ocurrido con esta audiencia. Sobre la petición de que los culpables vayan a la cárcel, es una petición de justicia real y que no sea una justicia simulada.
Solo imaginen este esfuerzo de más de treinta años, que tiene una investigación forense, el esfuerzo testimonial que es la participación de las víctimas que es muy doloroso escuchar lo que ocurrió en esa masacre, para que al final si la prueba conduce a una condena no se cumpla, porque los partidos políticos en la Asamblea Legislativa protegen a criminales de guerra, eso sería una burla para las víctimas”, reafirmó Morales.
Sobre el apoyo que necesitan las víctimas de estas masacres, Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández expresó que es una demanda fundamental para las personas afectadas, aunque consideró que no sería una mejoría de inmediato, pero era un resarcimiento a la dignidad.
“Con la Ley de Amnistía, que aprobó recientemente la Asamblea Legislativa, vimos la reacción de los defensores de los militares cuando reiteramos que la sentencia de la Corte IDH ha señalado que ninguna ley de estas es compatible con la justicia y, como tal, debe ser expulsada y, al final, es positivo que el juez Guzmán estableciera que no está atado a la supuesta Ley de Reconciliación Nacional, y que no importa si la aprueban o no, porque seguirá trabajando en el proceso judicial; además, estableció que dentro de sus facultades constitucionales (Art. 185) le faculta para inaplicar una ley que es contraria a la Constitución de la República”, puntualizó.
