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Saúl Méndez
@DiarioCoLatino
Colaborador
El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) presentó su más reciente estudio titulado “La población salvadoreña opina sobre el año 2025”, el cual busca contrastar la percepción de estabilidad en materia de seguridad con la fragilidad económica que enfrentó el país durante 2025.
El estudio se enfocó en conocer la opinión de la población salvadoreña a partir de estos apartados: la situación general del país, la economía familiar, la seguridad y la confianza en las instituciones, los temas de coyuntura nacional y las expectativas para 2026.
Entre los principales hallazgos destacan las preocupaciones relacionadas con el encarecimiento del costo de la vida y la efectividad de las políticas implementadas para contener el alza de los precios.
Iliana Álvarez, directora del Iudop, detalló que la mayoría de salvadoreños considera que el salario mínimo debería situarse en $508, debido a que el monto actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Esta percepción contrasta con el salario mínimo vigente de $408, establecido tras un ajuste del 12 % en abril de 2025.
Amparo Marroquín, vicerrectora de Proyección Social de la UCA, señaló que la mayoría de la población, cerca del 44.9 %, identifica como los principales problemas del país la economía, el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida, pese a que el 62.7 % de los salvadoreños reconocen las mejoras en seguridad pública.
“Esta encuesta evaluó de manera específica la medida del salario mínimo. Poco más de la mitad de la población, el 54.6 %, considera que el aumento al salario mínimo ayudó poco o nada a mejorar la situación que actualmente enfrenta”, explicó Marroquín.
Dicho estudio reveló que nueve de cada diez personas perciben un estancamiento o deterioro de la economía. Además, los salvadoreños opinaron que durante 2025 el desempleo aumentó para el 38.7 % de la población, mientras que el 40.7 % considera que se mantuvo sin cambios. Sólo el 16.4 % cree que este indicador ha disminuido.
Aunado a ello, en 2025, el 55.5 % de los encuestados señaló que su situación económica familiar no cambió, mientras que un 31 % percibió alguna mejora. Pese a este panorama económico, al cierre de 2025 el 61 % de la población considera que el país se encuentra mejor en comparación con el año anterior.
En materia de seguridad, el 81.7 % de la población percibe una disminución de la delincuencia, mientras que solo el 4.7 % manifestó haber sido víctima de algún hecho delictivo.
En cuanto a la gestión pública, la población otorga una calificación de 8.39 al gobierno de Nayib Bukele durante 2025. No obstante, instituciones como la Asamblea Legislativa (43.3), las alcaldías (40.6), el sector empresarial (42.6) y los partidos políticos (31.4) continúan registrando altos niveles de desconfianza por parte de la ciudadanía.
“Se trata de actores que, en teoría, deberían interactuar de forma cotidiana con la sociedad y en los territorios, pero que son evaluados con ninguna o muy poca confianza por parte de la población”, destacó Marroquín.
Además, la encuesta exploró los niveles de confianza de la población en las instituciones. Según la académica, las instituciones que registran mayores niveles de confianza son aquellas históricamente asociadas a funciones coercitivas.
“Tiene sentido, porque la seguridad continúa siendo el aspecto mejor evaluado del país. El presidente (77), el gobierno central (69.6), la Fuerza Armada (69.1) y la Policía Nacional Civil (68.2) son las instituciones que generan mayor confianza”, explicó.
“En coherencia con el logro en materia de seguridad, la población continúa reconociendo que estas son las instituciones que mayor confianza generan. Sin embargo, al mismo tiempo, es evidente una sensación de ausencia institucional en los territorios”, agregó.
El IUDOP también destacó resultados que evidencian una postura crítica de la población frente a la situación ambiental del país.
“Ocho de cada diez personas perciben que la deforestación ha aumentado, siete de cada diez se manifiestan en contra de construir en áreas verdes protegidas y siete de cada diez consideran que la aprobación de la Ley General de Minería Metálica ha beneficiado poco o nada a la población”, sostuvo el instituto.
Por otra parte, el Iudop reveló que el deseo de migrar volvió a incrementarse a finales del año pasado, pese a que en junio bajó drásticamente del 25 % (en diciembre de 2024) hasta un 13 % en junio de 2025, debido, en gran parte, al recrudecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos, según la hipótesis de Marroquín.
No obstante, para diciembre de 2025 el interés por migrar volvió a acercarse a niveles históricos. “Ese porcentaje se ha mantenido y responde a la realidad de un país históricamente migrante. En El Salvador, el proyecto migratorio sigue representando una posibilidad de esperanza en contextos donde esta no se encuentra”, expresó.
“La decisión de migrar no está tan vinculada a lo que ocurre internamente en el país, sino más bien a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, que generan tensión en la población migrante”, explicó Marroquín sobre la caída al 13 % en junio.
“Sin embargo, actualmente observamos que el deseo de migrar aumentó 6.4 puntos, ubicándose en 20 %. Es decir, dos de cada diez personas tienen la intención de migrar durante este año”, concluyó.
El levantamiento de información para el estudio del Iudop se realizó entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025, con un total de 1,268 encuestas válidas, un error muestral de ±2.75 % y un nivel de confianza del 95 %.
