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Redacción Nacionales
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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó el intento del empresario Yakov Fauster de silenciar al periodismo con demanda millonaria contra El Diario de Hoy, y uno de sus periodistas. Esto es una acción para silenciar a la prensa libre e independiente, destacó la Asociación.
“La APES rechaza este grave acto de persecución a la prensa que busca silenciar a las y los periodistas mediante el hostigamiento judicial. La demanda podría generar un precedente nefasto de retroceso a la libertad de prensa porque podrían ejercerse futuras demandas por “daño moral” en contra de las y los periodistas por el mero ejercicio de su labor informativa en El Salvador”, comentó la APES a través de un comunicado de prensa. La demanda pretende una sanción civil por 10 millones de dólares.
Es de contextualizar que El Diario de Hoy fue demandado por el empresario salvadoreño-israelí Yakov Fauster, propietario de empresas de seguridad, por la publicación de la nota “Familiar de director del OIE, vinculado a empresa de espionaje en México”, que fue publicada el 14 de enero de 2022. Esta publicación retoma otra investigación periodística de la prestigiosa revista mexicana Proceso, publicada el 18 de diciembre de 2020, titulada “México, paraíso de las empresas israelíes de ciberespionaje”.
La publicación del medio impreso citó textualmente dos párrafos de la revista Proceso en la que se menciona a Fauster. Uno de los párrafos dice así: “Otro caso llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos: el de la empresa Universal Security Group, que tiene sedes en Tijuana y Guadalajara y pertenece al ciudadano israelí Yakov Fauster, también conocido como Jacobo Fauster Goldstein. Su ex socia en la empresa, Estefanía Plascencia Ponce, fue imputada en 2018 en Estados Unidos por lavado de dinero y otras actividades ilícitas para organizaciones criminales mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa”.
Tras la publicación de la nota, Yakov Fauster pidió el 27 de enero de 2022 una rectificación a EDH bajo el supuesto de que la noticia era falsa. El 6 de febrero de 2022 EDH publicó el derecho de respuesta enviado por Fauster pero aclaró que la noticia se había sustentado en una investigación de la revista “Proceso” y que habían intentado entrevistar al empresario antes de publicar pero que no habían podido lograrlo.
Posteriormente, Fauster inició un proceso judicial de rectificación ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador bajo el argumento de no estar conforme porque buscaba una disculpa pública, lo cual no está regulado por la ley. El proceso finalizó con una sentencia donde el juez ordenó una segunda publicación de derecho de respuesta por parte de EDH, esta vez, sin que el medio colocara ninguna aclaración. EDH acató la orden judicial y publicó en los términos ordenados el día 2 de abril de 2022. El juzgado dio por cumplida la sentencia y archivó el proceso, con aceptación del empresario Fauster.
Sin embargo, en junio de 2023, el empresario inició un proceso en el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil, por reparación de daño moral por cinco millones de dólares en contra de la Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V, y por cinco millones de dólares en contra el periodista Jorge Beltrán Luna, a pesar de que ellos sólo ejercieron su derecho a la libertad de prensa. La demanda fue interpuesta por la representante legal de Fauster, Jacqueline Aquino Palacios, quien el 26 de noviembre del 2019 fungió como apoderada legal del presidente Nayib Bukele.
Según planteó la APES en su comunicado, Fauster, de acuerdo a publicaciones de EDH, es padrastro de Peter Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), nombrado en ese cargo desde junio de 2019.
El artículo dos de la “Ley de Reparación por Daño Moral” establece que “no producen daño moral los juicios desfavorables de la crítica periodística, ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos por quienes ejerzan el periodismo mediante noticias, reportajes, investigaciones periodísticas, artículos, opiniones, editoriales, caricaturas y notas periodísticas en general”.
Entre tanto, la APES reiteró su condena a este tipo de acciones que buscan “silenciar y castigar el periodismo salvadoreño”; la asociación representante del gremio hizo un llamado a la ciudadanía en general y a las organizaciones nacionales e internacionales a que estén vigilantes de este proceso.
