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Por Leonel Herrera*
Cada vez que se agrava algún problema o arrecia alguna demanda ciudadana, la respuesta del actual gobierno suele ser una acción propagandística para hacer creer a la gente que ya lo está resolviendo o lo va a resolver pronto. Casi siempre es una solución ficticia o el anuncio de una solución que nunca se concreta.
Se da -por ejemplo- cuando la población enfurece en redes sociales por el tráfico vehicular en Los Chorros, y en respuesta mandan al ministro de Obras Públicas a repetir en televisión que ya van a construir el “viaducto”; o cada vez que la gente reclama por el retraso en la construcción del nuevo Hospital Rosales, corren a poner la primera piedra (llevan cuatro años colocando la primera pieza).
Lo mismo hacen ante la creciente crisis alimentaria y la amenaza de hambruna, advertida por organizaciones agropecuarias y entidades como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Según estas instancias, un millón de salvadoreños y salvadoreñas podrían caer en hambruna.
Las agencias de Naciones Unidas también indican que -prácticamente- la mitad de la población salvadoreña vive en situación de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no tiene certeza de si va a tener los alimentos necesarios y suficientes para cada tiempo de comida.
Para cientos de miles de familias en el país “aguantar hambre” ya es una realidad y cerca de 3 millones de personas “han modificado su hábitos alimenticios”, lo cual significa que “comen menos” o han dejado de consumir carne, leche y otros alimentos que no alcanzan a comprar. Algunas encuestas también muestran un número en aumento de personas que se endeudan, venden sus bienes o empeñan su patrimonio para poder alimentarse.
Y frente a tan alarmante situación, la única respuesta gubernamental hasta ahora es una “Ley de Comercialización Agropecuaria” aprobada la semana pasada por la bancada parlamentaria oficialista y sus acólitos. Según señalan expertos y organizaciones campesinas, dicha normativa no tendrá ningún impacto favorable en la problemática alimentaria.
Organizaciones como la Mesa por la Soberanía Alimentaria advierten que dicha ley, publicitada por el gobierno como una panacea, sólo profundizará los efectos del neoliberalismo en ámbito agropecuario y traerá beneficios únicamente para grandes productores y comercializadores de alimentos, en detrimento de la pequeña producción campesina.
La crisis alimentaria y la amenaza de hambruna se deben a dos factores principales: por un lado, los altos precios de los alimentos causados por la baja productividad agrícola, que se agrava por los efectos del cambio climático; el costo de las importaciones, la falta de regulaciones de precios y la ausencia de programas gubernamentales de entrega de alimentos para las familias que necesitan.
Y por otro lado, los escasos ingresos de la mayoría de la población a causa del desempleo, los bajos salarios y la falta de apoyo económico con programas como la “Renta Básica Universal” sugerida por organismos internacionales, transferencias monetarias específicas para la compra de alimentos y otras medidas propuestas por la organización SUMAR.
(https://twitter.com/SUMARxES/status/1696890198364135746?t=1ztEYaV7lMJNrd86uTMj4Q&s=08)
En vez de implementar este tipo de medidas, el gobierno incluso ha dejado de pagar la pensión a los adultos mayores y eliminó, redujo o desmejoró programas de protección social que beneficiaban a sectores vulnerables. Uno de estos programas desmantelados es la alimentación escolar, que permitía comer a los niños y niñas que no tenían alimentos en sus casas.
Así que la crisis alimentaria y la amenaza de hambruna seguirán agravándose porque el gobierno responde con inútiles actos propagandísticos, en vez de tomar acciones serias. Aun con la sobrada correlación legislativa, el oficialismo tampoco plantea medidas como eliminar el IVA para los alimentos y los insumos agrícolas.
En lugar de políticas basadas en la responsabilidad estatal y los derechos de la población, es muy probable que -acercándose las elecciones de febrero próximo- el actual presidente se aproveche, eso sí, del hambre de la gente y entregue paquetes de alimentos para asegurar el voto por su reelección inconstitucional. Sería un acto insensible, miserable e insultante para la dignidad de la gente.
*Periodista y activista.
