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Luis Arnoldo Colato Hernández
Ahora mismo la asamblea legislativa “negocia” la ansiada justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos del conflicto armado, esperando superar la amnistía concedida por la misma, a los criminales de guerra luego de finalizado y apenas días después que se hiciera público aquel documento –“De la Locura a la Esperanza”- preparado por la Comisión de la Verdad que las Naciones Unidas creara en acuerdo con los firmantes por la finalización del conflicto, un año antes (1991), en Chapultepec, México, para dilucidar las autorías intelectuales y materiales de los crímenes que conmovieron a la sociedad salvadoreña, en enero de 1992; documento que fuera descalificado por aquellos que señalara, durante la administración Cristiani, que endilgó hasta el 92% de las responsabilidades de estos a agentes del estado, quienes en su nombre, favorecieron a las élites que les financiaron, secuestrando, torturando, violando, desapareciendo y ejecutando, a todo aquel que se opuso, al régimen en aquellos días. La asamblea y luego de lograr hasta dos prórrogas para terminar una legislación que logre la reconciliación a través de la justicia y vindicación de las víctimas y sus sobrevivientes, hace malabares para convencer al soberano, que no es una nueva Ley de Amnistía la que de nuevo se está generando, y si en cambio lo ordenado por la Corte Suprema en 2016.
Y es que aquel conflicto -surgido como todos los conflictos en nuestra América Latina- de la injusticia, la exclusión, la inequidad, y en particular, la marginación; tomo la vida de al menos 75,000 salvadoreños (80 % civiles), campesinos en su mayoría, luego del asesinato del santo Romero, en marzo de 1980, a los que se deben sumar 35,000 desaparecidos en el mismo periodo y por razones asociadas al conflicto mismo.
Una de la más célebres tristemente, masacre perpetradas por el batallón Atlacatl, es la del Mozote cometida entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, y que reportara al menos 1,130 civiles asesinados: hombres, mujeres y niños, estos últimos con particular brutalidad [Habiendo reconocido algunos de los ejecutores que los niños de brazos eran lanzados al aire para ejecutarlos a fuego vivo o con bayoneta calada], recuperados de las fosas en las que fueran sepultados entonces, y que incluso ahora, la defensa de los responsables castrenses, sigue negando o atribuyendo a otras causas.
Como aquella existen más (La Quesera, Sumpul, Los Toriles, La joya, San José Las Flores, Piedras Coloradas, Santa Elena, y un largo etcétera), todas atribuidas al ejército y consistentes con sus operativos de “Tierra Arrasada”, pero negadas sistemáticamente, entre 1980 y 1984, cuya autoría última se encuentra en el conservadurismo, que tuvo siempre en el Estado, el defensor de sus intereses, asegurándolos a sangre y fuego siempre.
Entonces la resistencia no es porque la tal amnistía proteja a los de a pie, sino porque asegura la impunidad de las élites, quienes no dan cuenta, y tampoco esperan darla, pues como antes confían que sus representantes políticos de nuevo y como siempre, resuelvan en su interés.
