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Redacción Nacionales
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Amnistía Internacional declaró como “presos de conciencia” a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, quienes fueron capturados como parte de un patrón sistemático de criminalización, que busca silenciar a quienes denuncian abusos, exigen justicia y demandan transparencia en la gestión pública.
La designación como persona prisionera de conciencia por parte de Amnistía Internacional se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención, se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar pacíficamente sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad, u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio.
Tras el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil.
“El recrudecimiento de este patrón en las últimas semanas es una clara señal de alerta, sobre la velocidad con la que el gobierno de Nayib Bukele está desmantelando el espacio cívico”, enfatizó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Callamard dijo que, al nombrar a Ruth, Alejandro y José Ángel como personas presas de conciencia, Amnistía denuncia la represión de Nayib Bukele y expresa su solidaridad con la comunidad de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de El Salvador.
Asimismo, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que utilice todos los medios a su alcance para frenar este giro autoritario y exija a las autoridades salvadoreñas que pongan fin a la criminalización de quienes defienden los derechos humanos, así como a la persecución de organizaciones sociales, medios de comunicación independientes y periodistas.
Los perfiles de las tres personas presas de conciencia reconocidas por Amnistía Internacional, reflejan claramente los sectores que el gobierno de Bukele busca eliminar, es decir líderes comunitarios, personas defensoras del medio ambiente y el territorio, y quienes denuncian violaciones de derechos humanos o exigen transparencia.
Amnistía Internacional indicó que estas designaciones también representan un reconocimiento a todas aquellas personas que, por ejercer pacíficamente sus derechos en El Salvador, enfrentan criminalización injusta o viven bajo constante vigilancia, hostigamiento y amenaza de ser procesadas.
Amnistía Internacional expresó a las autoridades salvadoreñas la urgencia para liberar de forma inmediata e incondicional a las personas reconocidas como presas de conciencia y cesar el uso indebido del sistema penal que persigue a quienes ejercen pacíficamente sus derechos; también se solidarizó con otras víctimas de la criminalización, cuyos casos ejemplifican este patrón represivo del gobierno.
“Ninguna persona privada de libertad debe, bajo ninguna circunstancia, ser sometida a regímenes especiales que impliquen incomunicación o la pérdida del derecho a visitas familiares o contacto con su defensa legal. Estas garantías mínimas no son privilegios, sino obligaciones básicas del Estado conforme al derecho internacional de los derechos humanos”, recalcó la organización.
Ruth López es abogada y jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo acusaciones iniciales de peculado, 15 días después de su detención la Fiscalía General de la República (FGR) sustituyó el delito por enriquecimiento ilícito.
Su detención se dio sin garantías, en un proceso bajo reserva judicial, el cual ha sido ampliamente condenado por organismos internacionales y mecanismos de protección regionales y universales. Durante la audiencia inicial el juzgado decidió enviarla a detención provisional por seis meses.
López es reconocida en el ámbito nacional e internacional por su lucha contra la corrupción y su defensa del Estado de derecho.
En 2024 fue destacada por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.
Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambientalista, fue detenido el 13 de mayo de 2025, por su participación en una protesta pacífica contra un desalojo forzoso que enfrentaba la comunidad El Bosque donde habitan más de 300 familias.
Desde su detención se le ha negado el acceso inmediato y pleno a su defensa legal y a información sobre su situación. Tras la orden judicial de seis meses de prisión preventiva, Alejandro fue trasladado al penal “La Esperanza”.
En el penal se encuentra en régimen de incomunicación, en condiciones de hacinamiento extremo y expuesto al riesgo de sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la tortura.
José Ángel Pérez, pastor evangélico, jornalero y presidente de la Cooperativa El Bosque, fue detenido el 12 de mayo por los mismos hechos que Alejandro, durante más de 25 años de liderazgo comunitario, su labor se ha centrado en la organización comunitaria y acompañar a su feligresía en la lucha por sus derechos.
Amnistía Internacional considera que el uso indebido del proceso penal de forma indiscriminada, no habría sido posible sin las reformas estructurales previas, impulsadas por el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista que ha desmantelado progresivamente los contrapesos institucionales.
“La captura institucional se profundizó en 2022 con el establecimiento del régimen de excepción, que se ha mantenido vigente de forma continua y ha sido prorrogado en más de 39 ocasiones, sin evaluación ni debate, sin contrapesos internos, se ha convertido en la nueva normalidad. Bajo el discurso oficial de combate a las pandillas, múltiples reformas legales han erosionado sistemáticamente las garantías del debido proceso”, reiteró.
En El Salvador, el derecho a un juicio justo ha sido prácticamente desmantelado, dando paso a un marco legal que permite y justifica detenciones arbitrarias, audiencias masivas, uso de jueces anónimos, severas restricciones al derecho a la defensa efectiva y eliminación de límites a la prisión preventiva, entre otras regresiones.
Mientras tanto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que El Salvador atraviesa un punto de quiebre, la sumisión del poder judicial y la aprobación de reformas regresivas han permitido al gobierno de Bukele construir una arquitectura institucional y normativa diseñada para legalizar el control, la represión y la criminalización de la pobreza y la disidencia.
“Amparado en el discurso del combate a la corrupción, Bukele pretende utilizar esas mismas herramientas para atacar a quienes lo cuestionan. A través de procesos opacos y nuevas normativas, busca consolidar el silenciamiento sistemático de la disidencia”, agregó.
Amnistía Internacional exige la derogación de leyes represivas como la Ley de Agentes Extranjeros, y el régimen de excepción que han provocado graves violaciones de derechos humanos, y la restitución de los principios del debido proceso y de la independencia judicial.
