Saúl Méndez
Colaborador<
Amnistía Internacional advirtió que el incremento del gasto público en El Salvador no ha garantizado mejores condiciones de acceso a derechos fundamentales para la población, debido al incremento de la deuda pública, la centralización de los recursos y las deficiencias en la ejecución de programas sociales.
En el análisis brindado por la organización, se alertó que el pago de la deuda constituye el rubro más grande del presupuesto nacional. En 2025, la deuda bruta del país representó el 88 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que los recursos destinados a su pago superaron el gasto conjunto en educación, protección social, derechos y pensiones.
La organización también cuestionó la concentración del poder y de los recursos en el Ejecutivo, que sustituyó el esquema de transferencias municipales por un modelo centralizado. Aunque el presupuesto destinado a infraestructura se multiplicó casi por seis, se redujeron los mecanismos de transparencia, lo que dificulta conocer cómo se seleccionan las obras, cuánto cuestan y quiénes son las empresas encargadas de ejecutarlas.
Por otra parte, Amnistía Internacional indicó que el programa «Mi Nueva Escuela» prometió renovar 5,150 centros escolares; sin embargo, hasta 2024 únicamente se había intervenido en menos de 500 planteles, lo que evidencia una brecha entre los anuncios gubernamentales y los resultados alcanzados.
La situación presupuestaria también ha impactado en el sistema de salud. Pese al incremento del presupuesto destinado a este sector, el número de profesionales médicos por cada 10,000 habitantes disminuyó de 29.6 en 2018 a 16.8 en 2023. Paralelamente, el gasto de bolsillo de las familias para recibir atención médica aumentó de un promedio anual de 117 dólares por persona en 2015 a 163 dólares en 2023.
En cuanto a la protección social, la organización explicó que, aunque el presupuesto destinado a programas contra la pobreza aumentó, los recursos no fueron suficientes para compensar el incremento del costo de vida entre 2019 y 2025.
”La inflación y el encarecimiento de los alimentos han incidido en las condiciones económicas de los hogares, mientras la pobreza extrema continúa por encima de los niveles registrados antes de la pandemia de COVID-19”, alertó.
Estos indicadores reflejan que el aumento del gasto estatal, por sí solo, no ha garantizado mejores condiciones de vida. La organización expresó preocupación por la ausencia de servicios accesibles, políticas sociales efectivas y mecanismos de rendición de cuentas que permitan verificar su utilización y sus resultados.
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